¿Por qué las empresas deben apostar por I+D+i?

En los últimos años, la expansión de la economía española ha reposado en el aumento del empleo y no en una mejora sustancial de la productividad, variable clave a la hora de explicar el crecimiento a largo plazo. El problema de un patrón de crecimiento con estas características es que tiene un límite, que muy probablemente estamos a punto de alcanzar. Por esta razón, el objetivo prioritario del equipo económico del actual gobierno es el aumento de la productividad.

Una de las principales causas de las magras tasas de incremento de la productividad española es la debilidad de la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). En 2003, tan sólo el 1,1% del PIB español se destinó a gasto en I+D, porcentaje muy alejado del 1,83% promedio de la Unión Europea de los veinticinco y del 2,62% de Estados Unidos. En comparación con otro países, además, la participación de las empresas españolas en el esfuerzo inversor total en I+D es insuficiente (54,1%, frente al 63,6% europeo y al 68,9% estadounidense).

La participación de las empresas españolas en el esfuerzo inversor en I+D es insuficiente

A pesar de la insatisfactoria magnitud del gasto en I+D+i y de la descompensación entre la inversión pública y la privada, existen motivos de peso, que expondré a continuación, para pronosticar un intenso avance de la I+D+i de nuestro país en los próximos años.

Tal y como ha sugerido el profesor Julio Segura en trabajos recientes, en los pasados cuatro lustros la economía española disfrutó de tres fuertes impulsos (o shocks) macroeconómicos positivos, cuyos efectos, desafortunadamente, se han diluido ya. La entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 constituye el primero de estos shocks, pues permitió a nuestro país participar del auge cíclico de finales de la década de los ochenta y, lo que es más importante, catalizó la modernización tanto del tejido productivo como de las instituciones del Estado.

En segundo lugar, las reformas del mercado de trabajo de 1984, 1994 y 1997 (el famoso "decretazo" de 2001 quedó, tras las modificaciones sobre la versión original, en agua de borrajas) aumentaron la capacidad de adaptación al ciclo de las empresas, contribuyendo de esta manera a flexibilizar una economía que, debido a su excesiva rigidez, sufrió con particular intensidad los tóxicos efectos de la crisis del petróleo de la década de 1970.

Finalmente, el tercer impulso macroeconómico vino de la mano de la incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria (el euro) en 1999, hito que exigió adoptar medidas conducentes a la estabilidad macroeconómica (reducción de la inflación y consolidación presupuestaria) cuyos frutos -abrupta caída de los tipos de interés y significativa mejora de las expectativas de los agentes- fueron un pilar básico del fuerte crecimiento económico y de la creación de empleo de la segunda mitad de los noventa y primeros años de la década presente.

Durante aproximadamente dos décadas, en suma, la economía española sostuvo, en promedio, unos elevados perfiles de expansión y de competitividad gracias en buena medida a factores, seguramente irrepetibles, cuyo impulso se ha agotado. El desvanecimiento de estos shocks macroeconómicos ha coincidido en el tiempo con la irrupción en los mercados internacionales, en el marco del imparable proceso de globalización económica, de países en vías de desarrollo que producen y exportan bienes y servicios -en su mayoría intensivos en mano de obra- muy competitivos. Estos nuevos actores se han erigido en rivales difíciles de batir para un gran número de empresas españolas que operan en determinados tramos de la cadena de valor de sectores tradicionales, como el textil; una de las consecuencias directas de lo anterior han sido los numerosos episodios de deslocalización acontecidos en nuestro país en los últimos tiempos.

Desde la perspectiva de las empresas españolas, si el objetivo es mantener un nivel alto de competitividad, la única conclusión que cabe extraer del nuevo escenario económico -ausencia de nuevos shocks positivos y mayor intensidad de la competencia internacional- es que la apuesta sin vacilaciones por la I+D+i es impostergable. La inversión en I+D+i es el único camino hacia la obtención de mejores y/o más baratos procesos y productos, así como hacia actividades de mayor valor añadido; creo, honestamente, que los empresarios de nuestro país son conscientes de que ésta es la única respuesta posible a los desafíos económicos del presente y del futuro inmediato.

Además, a diferencia de legislaturas anteriores, caracterizadas por la indefinición de las políticas públicas de I+D+i, en la actual legislatura el esfuerzo privado en este frente cuenta con un respaldo manifiesto del Ejecutivo, cuyo presupuesto para programas de I+D+i civil en 2005 es un 25% superior al del año pasado. Los principales instrumentos a través de los cuales el sector público complementa y alienta la inversión privada en I+D+i son las compras públicas, las desgravaciones fiscales, las subvenciones y los créditos blandos.

En los próximos años, en definitiva, España debe dar el "gran salto adelante" en gasto en I+D+i con el fin de situar el conocimiento y la tecnología en el centro de gravedad de la economía. Este salto, liderado por la iniciativa privada al calor del apoyo público, redundará en mayores niveles de competitividad y productividad de la economía. Éstos son, precisamente, los objetivos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Maurici Lucena Betriu es director general del CDTI.