La CEOE niega el 'efecto llamada' y pide el fin de las críticas al proceso

El vicepresidente de la patronal CEOE y presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, criticó ayer a quienes están lanzando mensajes alarmistas sobre el proceso de "normalización" de inmigrantes que se inició el lunes: "Alarmar antes de tiempo no es bueno", dijo en velada alusión a las declaraciones que han venido realizando esta semana los principales líderes del PP. "No estropeemos el proceso antes de empezarlo con declaraciones como las que aluden a un posible efecto llamada".

Durante una rueda de prensa celebrada en Valladolid, Bárcenas recordó que el proceso de regularización de los inmigrantes que están empadronados en España desde antes del 7 de agosto pasado, carecen de antecedentes penales y cuentan con un contrato de trabajo de seis meses ha sido negociado por el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Afirmó que se debe hacer de él un "análisis profundo" cuando hayan pasado más fechas, ya que "se habla de cifras a bulto y no hay estadísticas" del número real de trabajadores extranjeros que se encuentran en situación administrativa irregular.

Manifestó su confianza en que, a través del proceso de "normalización", sea posible conocer el número de trabajadores que permanecen contratados de manera irregular y tomar las medidas oportunas para corregir una situación con la que los empresarios no estaban satisfechos, ya que, dijo, "no podíamos legalizar" a un colectivo de sin papeles.

El vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme también reclamó tranquilidad a la hora de hacer valoraciones acerca de los empresarios, sobre quienes recae la responsabilidad de iniciar la tramitación de los expedientes de regularización, porque "estamos en el tercer día de lo que van a ser 90".

Apoyo desde Bruselas

La advertencia de la patronal coincidió con unas declaraciones del comisario europeo de Empleo, Vladimir Spidla, quien afirmó que la Comisión Europea comparte con el Gobierno español la voluntad de combatir el empleo sumergido, objetivo del proceso de regularización.

"La situación en España está en manos del Gobierno español", dijo Spidla, "pero de hecho el Libro Verde de la Comisión hace referencia a los esfuerzos de luchar contra el trabajo ilegal".

El comisario añadió: "Esto significa que deseamos que todas las personas presentes en el territorio de la UE tengan un empleo legal que respete las condiciones de trabajo, porque el no declarado supone una serie de tensiones internas sociales y podría crear desigualdades".

También el conseller de Trabajo e Industria de la Generalitat catalana, Josep Maria Rañé, criticó ayer el "cinismo" demostrado por el PP en las declaraciones realizadas por sus dirigentes sobre el proceso de regularización. En opinión de Rañé, "es de un cinismo considerable que aquellos que son responsables de que en este país haya cientos de miles de personas sin regularizar, ahora quieran trasladar la responsabilidad de esta situación a los que intentan ponerle orden".

En ese análisis coincidió el presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Mustafá El Mirabet, quien recordó que el PP "no ha hecho ningún esfuerzo para sumarse a un consenso general sobre la necesidad de abordar el fenómeno de la inmigración".

El Mirabet se preguntó "hasta cuándo el PP va a basar su política migratoria en el efecto llamada, cuando en el fondo lo que está causando es el efecto rellamada". Y añadió: "Sus líderes han publicitado el proceso de regularización más que el propio Gobierno, y eso es el efecto rellamada".