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Tribuna:

Europa y el medio ambiente

A escasas semanas del referéndum español sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, los ciudadanos españoles en su mayoría -y así lo reiteran algunos articulistas- se encuentran en la tesitura de elegir entre Caribdis y Escila. Y no tanto porque consideren un error el texto que de ser ratificado por todos puede guiar nuestro devenir próximo como europeos, sino por la escasa información que se tiene sobre él. El debate no está entre el "sí" y el "no". En la aceptación o la negación como principio, sino más bien en la necesidad de hacer una Constitución esencialmente de los ciudadanos. Ello solo es posible cuando los ciudadanos la entienden, la comprenden y la hacen suya.

El Partido Socialista francés, por ejemplo, planteó el debate sobre la Constitución en clave interna de sus candidatos a las elecciones de 2007. Rodríguez Zapatero y el PSOE han expresado su necesidad de un referéndum con participación masiva para afianzar su débil posición política. Otros miembros han optado por la ratificación de su parlamento. Estos casos, sin ser los únicos, sirven como piedra de toque para conocer cuán alejados están estos planteamientos de la verdadera demanda ciudadana, que no es otra que la información y su contraste desde diferentes perspectivas de los riesgos y las ventajas que comporta su aprobación o su rechazo. De otro modo sólo tendría explicación como un acto de fe. Pero, insisto, esa opción nos lleva irremediablemente al estrecho de Mesina donde sólo nos aguardan Caribdis y Escila.

Aún a fuerza de ser reiterativo -pues ya expresé en estas mismas páginas el avance que supone este texto- quiero recalcar mis argumentos para votar sí al Tratado constitucional. Un sí basado en el convencimiento de que ambientalmente este texto, sin ser el óptimo, puede alcanzar con la praxis una mejora de las condiciones de vida de los europeos.

Quienes razonan el sí desde una posición exclusivista, basando su mirada en la calamidad que supondría un rechazo al texto del tratado, hay que recordarles que en una sociedad madura como la europea el recurso al miedo hace tiempo que dio paso al debate y al sosiego como paso previo para la participación. En el caso que nos ocupa dar carpetazo informativo mediante la distribución masiva de un texto de 448 artículos y la inserción de cortes publicitarios simplifica hasta el infantilismo la comprensión que exige un texto constitucional de estas características. En este sentido, no puedo sino retomar las palabras del profesor Vidal-Beneyto cuando afirmaba en su artículo Más allá del 'sí' y del 'no' (EL PAÍS 15.01.2005) "El contubernio de Política y Medios y su rodillo hipersimplificador han reducido la confrontación constitucional al enfrentamiento entre los que están a favor, los proeuropeos, y los que están en contra, los antieuropeos".

Una manera posible de salvar estos handicaps pedagógicos parte de la lectura profunda del articulado más allá del índice. El Tratado europeo incorpora como valores de la Unión "el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad" aplicables tanto a los seres humanos como a ámbitos de bienestar, de ahí que a continuación, entre sus objetivos, incluya el desarrollo sostenible basado en la protección y mejora "elevada" de la calidad del medio ambiente, y sitúa la paz y la seguridad, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos al mismo nivel que el desarrollo sostenible del planeta.

Uno de estos objetivos, el medio ambiente, surge del carácter solidario radicado en el desarrollo sostenible del planeta, y tiene su encaje en las competencias compartidas entre la Unión y los estados miembros, lo que viene a significar (artículo I-12) que tanto "la Unión como los estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente 'vinculantes" y los estados "ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya o haya decidido dejar de ejercerla". Significa ello que el tratamiento de la protección del medio ambiente y la sostenibilidad se regirá por un doble escenario, el europeo desde el que se acordarán los objetivos y su aplicación regionalizada para permitir la adaptabilidad y la pluralidad necesaria en un territorio marcado por la diversidad.

Es natural y deseable que la Unión haya tomado conciencia jurídica y política de que los derechos y los deberes medioambientales son nuestra gran apuesta junto con la tradición cultural grecolatina en un mundo globalizado. Cultura y medio ambiente como partes indisociables de este proyecto político iniciado hace medio siglo y que hoy está muy cerca de hacerse realidad.

En el ámbito de las políticas concretas, toma carta de naturaleza jurídica el principio de "quien contamina paga" (artículo III-233-2), además de otros tres principios rectores de la política europea como son la precaución, la acción preventiva y la corrección de daños. Con ellos se cierra el círculo de control comunitario para alcanzar los objetivos prescritos con carácter genérico al conjugarse un proceso de armonización con las medidas concretas que podrán ser excepcionales, mediante salvaguarda, por razones medioambientales pero nunca económicas.

La necesidad de forjar una Europa social, política y medioambientalmente sólida es un esfuerzo que no puede reducirse al maniqueísmo del sí frente al no. Se requiere un esfuerzo compartido de pedagogía democrática superadora de la mirada unidireccional de los expertos, tecnócratas y toda la ralea de argumentadores de la catástrofe, para dar paso a un convincente debate político de la complejidad que esconde este texto. En esto, como en tantas otras cosas es tan importante el camino como la meta a alcanzar.

Rafael Blasco es consejero de Territorio y Vivienda.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de febrero de 2005