Papeles con trabajo

El apresamiento, este fin de semana, en la costa de Tenerife de un barco con 227 inmigrantes africanos a bordo ha tenido lugar en vísperas del periodo de tres meses de regularización extraordinaria que se inicia hoy. El PP ha atribuido la llegada de ese barco al efecto llamada provocado por la regularización. Sin embargo, durante los gobiernos del PP hubo cinco regularizaciones administrativas, mientras que la que se inicia ahora tiene la singularidad de ser laboral. Su objetivo es otorgar permisos de residencia y de trabajo durante un año a los inmigrantes irregulares que, además de llevar un determinado tiempo en España -único requisito en anteriores regularizaciones-, tengan una vinculación real al mundo del trabajo. Otra diferencia es que cuenta con un apoyo político, social e institucional prácticamente unánime, en especial de empresarios y sindicatos.

Esta iniciativa no tiene por qué distorsionar el mercado laboral: se trata de personas que ya forman parte de él y que están contribuyendo al desarrollo y funcionamiento del sistema productivo. Muchas cosas no funcionarían hoy en España sin su trabajo. Su nuevo estatus legal, que les otorga nuevos derechos sociales, tendrá un coste, pero será sufragado en buena medida con sus propias cotizaciones e impuestos, como corresponde a trabajadores legales y no clandestinos. Es el propio empleador quien se responsabiliza ante la Administración de la validez y autenticidad del contrato de trabajo y del resto de documentos exigibles.

Alemania y Holanda han mostrado su temor a que la regularización facilite el desplazamiento de inmigrantes por el espacio de la UE. Toda regularización extraordinaria entraña ese riesgo, pero la que se pone en marcha hoy lo reduce al mínimo. No sería lógico que inmigrantes con contrato laboral en regla por un periodo mínimo de seis meses, como son los exigidos ahora en España, se traslade a otro país en busca de trabajo. Menos comprensible es que el PP amplifique ese temor, utilizándolo como material de su decidida compaña en contra de una regularización que parece haber interiorizado como una enmienda a su anterior política migratoria. Pero es cierto que para que funcione es necesario un control eficaz de posibles fraudes.