Acicate social para los alcaldes, desastre natural según los vecinos

Desde la óptica estricta del mercado, la avalancha de proyectos para edificar en el interior está más que justificada. Los promotores no son ajenos a la incesante demanda de vivienda de segunda residencia, especialmente de compradores de los países más potentes de la Unión Europea.

Al crematístico argumento de los promotores se suman, sin ambages, los alcaldes de las poblaciones afectadas. Los primeros ediles sostienen que las nuevas urbanizaciones relanzarán las deprimidas economías locales. El argumento esgrimido por los alcaldes es que el suelo rústico, casi siempre destinado a cultivos en proceso de abandono, ya no rinde. Las urbanizaciones se presentan como nuevo motor para reactivar la vida de sus poblaciones. Aunque esa regla cuenta con dos excepciones. En Gata de Gorgos, el socialista José Diego, ha paralizado un proyecto de reclasificación en la Solana, y la alcaldesa de Dénia, la también socialista Francisca Viciano, mantiene en suspenso las licencias en la costa. Ambos anteponen el principio del crecimiento urbano sostenible al interés privado.

Los vecinos y propietarios, en general, también rechazan este modelo de crecimiento. Éstos últimos, como en el caso de Bensau y Orxeta, llegan incluso a acusar a los primeras autoridades locales de animarles a vender el suelo a los promotores.

Al frente de empresarios y políticos locales se opone el de los colectivos cívicos y ecologistas. Los colectivos cívicos rechazan el acicate social y económico: "Los proyectos están fuera del sentido común y al margen de las necesidades socioeconómicas de las poblaciones", comenta Dimas Montiel, miembro de la plataforma contra los campos de golf de la Marina Alta. Los ecologista refuerzan esa tesis y además abundan en el negativo impacto ambiental de las futuras urbanizaciones si llegan a materializarse. Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción del País Valenciano, asegura: "Todos estos proyectos son consecuencia del normativa urbanística de la comunidad, la LRAU, que permite recalificaciones masivas de terreno y al mismo tiempo desvirtúa y vacía de contenido los planeamientos urbanos". Arribas añade: "A este paso los espacios naturales derivarán en parques urbanos".

La postura de Territorio y Vivienda también es nítida: "Estamos poniendo freno a la ocupación de suelo descontrolado en la provincia de Alicante", afirma Rafael Blasco. "Sólo se autorizan ocupaciones de suelo que cumplen las garantías ambientales", añade. El consejero resalta la puesta en marcha del Fondo de Equidad Territorial para acentuar los mecanismos de control de ocupación del suelo.