Gallardón reclama a Zapatero más libertad para aumentar la deuda del Ayuntamiento

El borrador de Ley Especial para Madrid que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), quiere negociar con el Ejecutivo central, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, propone aplicar en el Ayuntamiento la normativa sobre endeudamiento que ahora rige para el Estado y las comunidades autónomas. Esa normativa, integrada en la Ley General Presupuestaria, es mucho más flexible y da un margen mayor para endeudarse que la Ley de Haciendas Locales que se aplica en las ciudades.

Tanto las comunidades como los ayuntamientos tienen que pedir autorización al Gobierno central para poder contraer deuda, pero la Ley de Haciendas Locales, además, impide a los municipios seguir solicitando préstamos a los bancos cuando su deuda supone más del 110% de los ingresos corrientes. Si eso ocurre, el interventor municipal -el funcionario encargado de controlar en qué y cómo se gasta el dinero público- puede prohibir al alcalde renovar los préstamos, o lo que es igual, obligarle a reducir el presupuesto de gastos para el año siguiente.

Trinidad Jiménez y Rafael Simancas, portavoces del PSOE en el Ayuntamiento y en la Asamblea, respectivamente, afirmaron ayer que lo que Ruiz-Gallardón pretende con esta modificación de la normativa es "seguir endeudando a la ciudad, sin ningún control y saltándose todos los límites establecidos para las corporaciones locales". "Es una excusa para seguir manteniendo su política de endeudamiento, con obras como la reforma de la M-30", subrayó Jiménez.

El concejal de Hacienda, Juan Bravo, argumenta que "lo que no es lógico es que el Ayuntamiento de Madrid, que gestiona un presupuesto de 4.300 millones, superior al de varias comunidades autónomas, y que tiene más de tres millones de habitantes y un producto interior bruto superior al de 15 comunidades autónomas, tenga que plegarse, a la hora de buscar financiación, a los mismos corsés que un ayuntamiento de 3.000 habitantes". "Lo único que pedimos es que a la capital no se le aplique ese tope del 110%. Lo demás quedaría igual: el Ayuntamiento tendría que seguir comunicando al Gobierno los compromisos de deuda. Y, por supuesto, cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria [que obliga a realizar un estudio financiero a tres años si se incumple el déficit cero]", señala.

Desde que llegaron a la Casa de la Villa tras ganar las elecciones municipales de 2003, Ruiz-Gallardón y su equipo han venido quejándose del escaso margen de maniobra para acometer su programa de gobierno, que les dejaba la política financiera aplicada hasta entonces por el anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano: congelación de impuestos, inversiones casi inexistentes y deuda mínima. Por eso, lo primero que hizo el nuevo regidor fue subir los impuestos, triplicar el recurso a la deuda e impulsar una política de grandes inversiones y obras públicas -"fa-raónicas", según la oposición- que pretende "cambiar la ciudad". La deuda municipal supera hoy los 2.300 millones de euros.La principal obra programada para esta legislatura por Ruiz-Gallardón -y la más criticada por PSOE e IU-, la reforma de la M-30, se financiará con un préstamo de 4.000 millones de euros que el Ayuntamiento deberá ir devolviendo durante 35 años. "Pero Madrid tiene solvencia más que de sobra para afrontar eso, y así lo acreditan los informes elaborados por las agencias financieras internacionales, que cada año renuevan su confianza en la capacidad financiera de esta ciudad", afirma el concejal Juan Bravo. "Por eso, es absurdo y muy injusto que se nos ponga un tope máximo de deuda que es el mismo que se le aplica, por ejemplo, a pueblos de la región que manejan un presupuesto de escasos 300.000 euros", añade.

Otra de las reclamaciones que plantea el borrador de Ley Especial para Madrid está recogida en su artículo 89: éste establece que será al gobierno municipal en exclusiva al que corresponda "la declaración de la urgencia de la ocupación de los bienes afectados por expropiaciones promovidas por el Ayuntamiento". Con la normativa actual, cuando el Consistorio aprueba la expropiación forzosa de un inmueble tiene que pedir permiso expreso a la Comunidad para que ésta declare la urgencia de la ocupación. Si esa autorización se demora, todo el proceso de expropiación se retrasa.

La eliminación de ese trámite -que, según el edil de Hacienda, ya fue exigido por el equipo de Álvarez del Manzano en anteriores propuestas de Ley de Capitalidad- permitiría al Consistorio agilizar su política de expropiaciones sin depender de los ritmos y voluntades del Gobierno regional. Una de las principales promesas electorales de Ruiz-Gallardón para esta legislatura es la rehabilitación de 40.000 viviendas en la almendra central de Madrid, recurriendo, entre otros mecanismos, a la "expropiación de manzanas enteras" cuando los propietarios se nieguen a rehabilitar edificios ruinosos, según ha advertido el propio alcalde. Esa "operación quirúrgica" en el centro, como la calificó Ruiz-Gallardón durante la campaña electoral de 2003, podría acelerarse si el Ayuntamiento obtuviese la facultad de decretar la urgencia de las expropiaciones.

Bravo sostiene que el artículo 89 del borrador no invade, jurídicamente, competencias de la Comunidad, porque la expropiación de inmuebles no está regulada por una ley autonómica, sino estatal (la Ley de Expropiación Forzosa de 1954). "El Estado delega en la Comunidad esa facultad de decretar la urgencia, pero no le ha transferido la competencia. No es una materia que esté incluida en el Estatuto de Autonomía. Nuestra reclamación, por tanto, va dirigida al Ejecutivo central, no al regional. Queremos que nos dé a nosotros esa facultad", explica Bravo. Pero, de facto, la Comunidad perdería una facultad que ahora ejerce.

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y su vicepresidente primero, Ignacio González, han expresado esta semana su preocupación por lo que, en su opinión, es un intento de Ruiz-Gallardón de hacerse con competencias autonómicas a través de la Ley Especial para Madrid. El alcalde ha asegurado, a través de su edil de Hacienda, que el anteproyecto no reclama nada al Ejecutivo de Aguirre, sino sólo a Rodríguez Zapatero.

Dinero, no competencias

"Las competencias que reclamamos [fundamentalmente en materia de seguridad vial, policía judicial y política fiscal] no están en manos de la Comunidad, sino en las del Estado.

El resto del borrador se refiere a reclamaciones financieras, no competenciales, y son exactamente las mismas que pide Barcelona en la Carta Municipal que ya está negociando con el Ejecutivo: el 10% de la recaudación por el impuesto sobre la renta (IRPF) en la ciudad, el 30% del IVA y el 20% de los impuestos especiales", insiste el edil de Hacienda. Bravo no considera "competencias de la Comunidad" la citada facultad para declarar la urgencia de las expropiaciones u otra que también pide el municipio en el borrador de Ley Especial: la capacidad para pedir informes al Consejo de Estado.

Miembros del equipo del alcalde aseguran, además, que su intención fue, desde el primer momento, negociar con el Ejecutivo de Aguirre, y que el propio Ruiz-Gallardón se lo expresó así por carta a la presidenta el 4 de enero pasado. "No entendemos por qué la Comunidad no ha dicho nada en un mes y ahora, cuando la noticia sale en la prensa, dice que quieren participar en el proceso", protestan estos dirigentes.

Esta misma semana, el gobierno municipal esperaba una respuesta del equipo de Aguirre para fijar una cita y sentarse a hablar del asunto. Pero la respuesta no ha llegado, según fuentes municipales. Sí se ha anunciado, por el contrario, que los responsables autonómicos se reunirán el próximo martes con el portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Simancas, y el dirigente de IU Fernando Marín para fijar una posición común y plantearla después al resto de administraciones.