Holanda investiga fraudes en la compra de inmuebles en España

Holanda mantiene contactos regulares en el último año y medio con los países del resto de la UE, en especial España, Francia y Portugal, para comprobar la forma de pago de las segundas residencias de sus ciudadanos en el extranjero. Si bien la mayoría de las casas tiene la documentación en regla, La Haya quiere saber si en algunos casos podría haber ocultación.

"El sur de Europa es el lugar escogido de forma mayoritaria por los holandeses para comprarse otra casa, de las que hay cerca de 300.000", aseguran portavoces ministeriales en La Haya, preocupados por dimensión del posible fraude. De 2001 a 2003 se calcula que salieron del país decenas de millones de euros a la compra de segundas residencias en el Mediterráneo. Las autoridades de aquel país piden a sus ciudadanos que no lo hayan hecho que regularicen toda inversión inmobiliaria que supere los 19.252 euros si se trata de una persona o de 38.504 si son pareja.

En caso contrario, la Belastingdienst impondrá una multa si acredita el fraude. La institución ha creado incluso un enlace en su web en el que se puede hacer una declaración voluntaria y así evitar la sanción.

Holanda se ha puesto en contacto con Francia para pedirle esta información y la experiencia ha sido positiva. A continuación, se ha producido este mismo contacto con España y se tiene previsto seguir los mismos pasos con Italia y Portugal a la vista de las 300.000 segundas residencias que sus ciudadanos tienen fuera de su país. Cuando surge alguna duda sobre la hipoteca, por ejemplo, se manda a un agente especializado para que compruebe los datos sobre el terreno, según portavoces ministeriales en La Haya.

Intercambio de información

En España, un portavoz de la Agencia Tributaria no quiso confirmar esta colaboración, pero sí recordó que en estos momentos está en vigor el convenio de doble imposición entre España y Holanda, y en el que el artículo 28 alude al intercambio de información tributaria.

La campaña de la Hacienda holandesa coincide con un momento álgido en la urbanización de la costa valenciana. La plataforma Abusos Urbanísticos No, a la que pertenecen unos 20.000 asociados, la mayoría extranjeros que residen en la costa alicantina, denuncia desde hace un año la voraz actividad urbanizadora en el litoral. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) calculaba hace unos meses que la mitad de la demanda de residencias en la Costa Blanca proviene de ciudadanos extranjeros.

El episodio holandés no es un hecho aislado. La lucha contra el fraude fiscal se ha convertido en objetivo prioritario para los gobiernos europeos en la última década. Hace algo más de un año fue el canciller Gerhard Schröder quien ofreció una amnistía fiscal a los alemanes que repatriaran sus ahorros de paraísos fiscales con el objetivo de recuperar para el país unos 100.000 millones de euros. También en 2003, Bruselas aprobó un paquete de medidas orientadas a la armonización de la fiscalidad en la Unión Europea, que perseguía acabar con los más de 60 regímenes fiscales especiales en territorio comunitario.