La Inspección ve responsabilidades municipales en el derribo de Granada

El Ayuntamiento de Granada es responsable administrativo del derribo que mató a un sin papeles el pasado 21 de diciembre. Lo dice la Inspección de Trabajo, que propone una sanción al consistorio de 90.151 euros por una falta grave como promotor de la obra. El concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo (PP), volvió a culpar ayer al anterior gobierno de José Moratalla (PSOE) por dejar la seguridad de la obra en manos de la contratista.

El informe de la Inspección de Trabajo, publicado ayer por Granada Hoy, responsabiliza al Ayuntamiento de una de las diez infracciones graves y muy graves que se produjeron en la demolición de la cuesta de Gomérez. La inspección considera que durante las obras se produjo "un claro incumplimiento" de su obligación como promotor por lo que considera al consistorio el responsable administrativo del accidente laboral en el que murió el ecuatoriano Guillermo Estalin, que carecía de permiso de trabajo y residencia.

El documento analiza la relación del Ayuntamiento con la coordinadora de seguridad de la obra (y de todas las ejecuciones subsidiarias del Ayuntamiento)que, a pesar de estar a sueldo de la contratista municipal, Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., accedió al puesto por nombramiento directo del equipo de Gobierno en febrero de 2001. La inspección considera que fue el consistorio el que contrató a la responsable de controlar los riesgos laborales, a propuesta de la contratista. La coordinadora, que actuaba como autónoma, no estaba dada de alta en la Seguridad Social. El informe recuerda, además, su nombramiento no exime al Ayuntamiento de Granada de su responsabilidad "sino que su obligación ha de extenderse a la vigilancia de que aquella o la dirección facultativa cumpla efectivamente con sus funciones".

El concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, que firmó el decreto por el que se ordenó la demolición, volvió a culpar ayer de lo ocurrido al anterior equipo de Gobierno, presidido por el socialista José Moratalla, "por ceder el control de la obra a una persona de la misma empresa que la tenía que ejecutar". A pesar de la multa propuesta por la inspección de trabajo (90.151,83 euros), el edil aseguró que la responsabilidad municipal en el derribo "sólo es subsidiaria", tal y como admitía el expediente informativo abierto por el Ayuntamiento tras el accidente mortal.

La Inspección de Trabajo carga contra la responsable de la seguridad de la obra -de la que considera que actuaba bajo mandato municipal- como principal responsable de las sucesivas irregularidades que terminaron en el accidente laboral. Los trabajadores de la demolición la avisaron repetidamente de que el muro bajo el que falleció el ecuatoriano, podría causar una desgracia personal. "Este muro tiene 300 años y no se cae", dice el informe que afirmó la directora técnica de la obra a uno de los albañiles la mañana del día en que se produjo el siniestro. Dos semanas antes, otro trabajador le avisó de que el muro se había movido y "se iba a venir abajo".

La coordinadora actuó "con absoluta dejación del cumplimiento de sus obligaciones", ya que no denunció que la subcontratista que realizó el derribo (Alsa, SL) carecía del preceptivo Plan de Seguridad. Tampoco informó al Ayuntamiento de la cadena de subcontratas. Cada una de las empresas implicadas en ella obtuvo "un beneficio económico por su participación en la cadena contractual", por lo que considera que la contratista y las dos subcontratistas son responsables solidarias del accidente.