El Ejecutivo concluye su mandato sin lograr el consenso sobre las víctimas

La Comisión de Derechos Humanos elevará a un próximo pleno del Parlamento un dictamen sobre las víctimas del terrorismo que sólo cuenta finalmente con el apoyo de los tres grupos del Gobierno, como reveló la votación de ayer y reproducirá previsiblemente una sesión plenaria que el tripartito cuenta con poder celebrar antes de la disolución de la Cámara el próximo día 23. Tanto el Grupo Socialista, que ya lo había anunciado como respuesta a la ausencia de unanimidad, como el PP y UA, que consideran el dictamen falto de credibilidad por el incumplimiento de acuerdos anteriores, se abstuvieron en la votación de la comisión. El grupo de la ilegalizada Batasuna no asistió al debate.

Los portavoces de PNV y PP se acusaron mutuamente de utilizar a las víctimas en su beneficio y de realizar "circos" y "montajes" en torno a ellas.El debate y la votación en la Comisión de Derechos Humanos terminaron con el consenso alcanzado en junio de 2003 como cierre parcial de los trabajos de la ponencia de víctimas del terrorismo. Lo que entonces se dibujó como una esperanza, se convirtió ayer en el segundo fracaso del Gobierno en la materia, ya que también la legislatura anterior acabó sin acuerdo en materia tan sensible. En junio de 2003, todos los grupos parlamentarios, salvo Batasuna, aprobaron unas medidas de apoyo a las víctimas. Todas las acordadas entonces se recogen de nuevo en el dictamen definitivo aprobado ayer con los votos del tripartito, pero los grupos del Gobierno y de la oposición no han sido capaces de avanzar sobre sus posiciones de hace 20 meses y ni siquiera lograron ratificar unánimemente aquel acuerdo, pues PP, PSE y UA creen que sus contenidos quedaron en buena parte en papel mojado.

La desconfianza hacia su cumplimiento en el futuro ha sido determinante para que la oposición no haya querido revalidar lo ya suscrito entonces y haya optado por la abstención, con objeto de no desautorizar tampoco lo acordado.

Los grupos de la oposición, a los que pertencen la mayoría de las víctimas del terrorismo y que tienen en sus filas el porcentaje más alto de personas amenzadas y obligadas a llevar protección, no han perdonado al tripartito lo que consideran una evidente falta de implicación real para ir más allá del papel y poner en práctica lo comprometido. Entre las medidas que no se han puesto en marcha figuran las plataformas cívicas municipales de apoyo a las víctimas y amenazados, los actos de reconocimiento público a los asesinados, el monolito comprometido a la entrada del Parlamento o el plan especial para la Universidad. Éste sigue figurando en el dictamen aprobado ayer, pero la propia directora de Víctimas, Maixabel Lasa, y el director de Derechos Humanos, Txema Urkijo, se mostraron escépticos hace unos meses ante esa misma comisión sobre la posibilidad de avanzar en nuevas medidas específicas.

Los colectivos de víctimas, que comparecieron ante los integrantes de la ponencia y se congratualaron en su día del acuerdo unitario de 2003, que las sacaba de la controversia política, pusieron luego distancia al considerar que no se materializaban los compromisos.

La negativa de los partidos del tripartito a secundar actos concretos de reconocimiento a las víctimas en los ayuntamientos de sus localidades de origen, mientras por el contrario se han avalado iniciativas en favor de miembros de ETA, así como las ayudas del Gobierno a los familiares de presos por terrorismo, mientras han visto cuestionar o rebajar las de sus colectivos, o el mantenimiento del grupo de Batasuna en el Parlamento, han sido elementos determinantes de la desautorización de las víctimas a las conclusiones de la ponencia y que el PP y el PSE han recogido cada uno a su manera.

El portavoz popular, Santiago Abascal, acusó ayer a los grupos del tripartito de montar con las víctimas "un circo de cara a las próximas elecciones" y de prentender "lavar la cara" al Gobierno. El resultado, dijo Abascal, "es una ofensa y una humillación para las víctimas".

El socialista Jesús Loza, reprochó a PNV su falta de diligencia para cumplir los acuerdos de 2003 -"por no decir que ha ido en contra de su espíritu y de su letra", añadió- y al PP su prisa "por darlos por rotos con exigencias que sabían de imposible cumplimiento".

Por su parte, el representante del PNV, Xabier Agirre, dijo que el problema "no es el dictamen", sino el afán del PP por seguir usando a las víctimas y el "miedo escénico" del PSE a votar a solas con los grupos del tripartito.