Excesos

Habrá que esperar a conocer los resultados de la investigación judicial para despejar las dudas sobre los incidentes ocurridos en la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo del pasado día 22 en Madrid. Esa investigación debería permitir deslindar los hechos de las conjeturas. En el debate que siguió a la comparecencia parlamentaria del ministro del Interior, José Antonio Alonso, el asunto quedó en términos de palabra contra palabra: la del ministro diciendo que la policía actuó de oficio al detener a dos miembros del PP sospechosos de haber participado en la agresión contra el ministro José Bono, y la del portavoz del PP, Eduardo Zaplana, negando que existiera tal agresión y acusando al Gobierno de haber provocado esas detenciones por razones políticas.

La policía actuó de oficio, según el ministro, ante los indicios de que se había cometido un delito del artículo 550 del Código Penal que tipifica como "atentados contra la autoridad" los de quienes "acometan" o "intimiden gravemente" a la autoridad o sus agentes. Acometer equivale a agredir, según la jurisprudencia. Zaplana dijo tener informes policiales que concluyen que no hubo agresión. Sin embargo, de las imágenes de televisión y testimonios de testigos no sospechosos de parcialidad aparecidos en la prensa se deduce que como mínimo hubo zarandeos e intentos de agresión. Hay además un parte de lesiones de uno de los escoltas de Bono. Corresponde a los jueces valorar si esos comportamientos encajan o no en ese tipo penal.

Sin conocer los indicios que llevaron a la policía a llamar a declarar a dos miembros del PP, y a ponerlos a disposición judicial, es imposible saber si estuvo justificada esa decisión. Pero, como hizo ver el representante de CiU, convendría que el propio PP informase de si ha abierto una investigación sobre la actuación de esos militantes, como correspondería al compromiso de tomar medidas si aparecían responsabilidades. La policía vio indicios, y por eso los llamó a declarar, aunque no pudo ser, como confusamente decía una nota de la Delegación del Gobierno, "en condición de imputados". Sólo el juez puede imputar.

Sea como sea, la impresión que produjo el debate de ayer es que ha habido excesos por todas las partes: de quienes trataron de parasitar la movilización para atacar al Gobierno, de quienes identificaron al PP con la extrema derecha y de quienes compararon las detenciones con los comportamientos de la Gestapo. Pero lo peor es que sean los agredidos quienes sean puestos en cuestión y emplazados a dar explicaciones.