Las antenas de la discordia
Tras leer con cierta inquietud su noticia publicada en la edición Madrid -Sanidad investiga 25 casos de cáncer en vecinos de una antena de telefonía- y rechazar recientemente en nuestra comunidad de vecinos la instalación de una estación de estas características, me gustaría hacer ciertas reflexiones.
Es inexplicable, a estas alturas, que no exista un consenso entre estamentos políticos, científicos, sanitarios y medioambientales sobre cómo afectan estas instalaciones a nuestra salud.
Si, por un lado, informes de grupos medioambientales reconocen el efecto dañino que causan las antenas de telefonía móvil y los propios terminales (insomnio, cefaleas, alteración del sistema nervioso, cáncer, abortos, problemas para personas con marcapasos, etcétera), por otro, aparecen desmentidos -generalmente encargados por las propias compañías- que aseguran que no existe ningún riesgo para la salud, ni estudio científico que lo demuestre. Otro problema es que no existe directiva que regule la instalación de antenas de telefonía móvil y no se prevé.
El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, hablaba de las medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, y los límites de exposición que se deben cumplir por parte de las instalaciones, pero la última palabra suele recaer en los ayuntamientos.
En ciudades como Madrid, la reglamentación no se centra en los ciudadanos y se limita a alegar a la estética, mediante un decreto que no prohíbe su instalación en los cascos urbanos, pero sí en las zonas monumentales.
Asociaciones como la Confederación de Consumidores, Vecinos y Usuarios del Estado Español (CAVE) poseen un decálogo de recomendaciones que van desde "exigir estudios detallados de impacto medioambiental ante cualquier propuesta de instalación que pueda suponer un riesgo de radiación electromagnética para los ciudadanos" a dictar normativas autonómicas prohibiendo la instalación de torres de telefonía móvil en las terrazas de los edificios, obligando a situarlas lejos del núcleo urbano y el traslado de las ya existentes.
Algo que por precaución y mientras no existan estudios concluyentes se realiza en países europeos como Italia, Suiza, Suecia,... pero no aquí. Una vergüenza.
