El problema de los pisos

Me sumo a la denuncia de Pablo Domínguez García en carta publicada en su periódico el día 31 de enero de 2005, titulada Papás ricos. Lo hago desde otra perspectiva, pero coincidiendo en su denuncia. Tengo un hijo en su misma situación. No soy una madre rica y su padre tampoco, somos dos simples trabajadores, cualificados, pero sólo trabajadores.

Hasta que a mi hijo le otorgaron una VPO del Ayuntamiento, ingenua de mí, pensaba que el Plan Primera Vivienda consistiría en que a la entrega de la vivienda, cambiarían la cuota de alquiler por la cuota del crédito hipotecario otorgado por los bancos autorizados por el Ayuntamiento de Madrid para ello.

Creía, ingenua de mí, que sería algo diferente a las llamadas viviendas de precio tasado, a las de cooperativas... pues los más jóvenes o viven con sus padres o viven compartiendo piso con amigos o ya están casados y es absolutamente irreal pensar que pueden ahorrar. ¡No puedo yo, que tengo un sueldo y casa!

Pues no, hete aquí que mi hijo, casado y con dos niños pequeños, que paga una renta de 650 euros, tuvo que pagar 6.000 euros al firmar un documento para aceptar la vivienda que les tocó. Y no sólo eso, en mayo de 2005 deberá abonar 9.000 euros y a la entrega, dicen que en diciembre, otros 9.000 euros. Los 24.000 euros que menciona Pablo en su carta y sin haber podido abrir ninguna cuenta vivienda, ¿ahorrar? ¿cómo?

Soy sólo una madre trabajadora, así que sin dudarlo, pediré un préstamo al banco donde tengo domiciliada una nómina como trabajadora de plantilla, como están las cosas no me negarán 24.000 euros para que mis hijos y mis nietos tengan una vivienda más o menos digna, que eso habrá que verlo luego...

Política obscena que la derecha, cínicamente, vende como política social. Seguramente confunden lo social con lo "de sociedad", que se les da mejor.

Quiero denunciar como Pablo, y quiero también convocar a los jóvenes a la protesta y denuncia de estos hechos. Sí Pablo, la clase trabajadora es la que sigue y seguirá hipotecada mientras los responsables de gestionar las políticas sociales no tengan enfrente a un colectivo que reclame con tesón lo que la Constitución proclama: que todos los españoles tengan derecho a una vivienda digna. Y ese colectivo ya existe, sólo hay que sumarse.