La ONU critica que los asesinatos de mujeres en México sigan impunes

El bebé lucha entre la vida y la muerte desde hace 20 días. Su cuerpo pudo ser extraído del vientre de la madre, embarazada de ocho meses, que acababa de recibir dos disparos efectuados por su marido. Otra joven desapareció de su casa. La encontraron muerta en la calle. Son dos de los últimos crímenes ocurridos en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana con EE UU. Más de 300 asesinatos de mujeres en la capital del Estado de Chihuahua durante la última década siguen impunes, ante la frustración de los familiares y la crítica de un informe de la ONU que acaba de salir a la luz.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), reunido en su 32º periodo de sesiones entre el 10 y el 28 de enero, expresa su preocupación porque los casos de homicidios y desapariciones en Ciudad Juárez "no se ha procedido a investigar seria y profundamente cada caso, incluso se han ignorado denuncias de familiares y se han destruido evidencias y pruebas". En un extenso informe, el CEDAW señala que "ha prevalecido la impunidad durante toda una década en la que estos crímenes se han tratado como violencia común del ámbito privado, ignorando la existencia de un patrón de discriminación, cuya manifestación más brutal es la violencia extrema contra la mujer".

También preocupa al Comité "la ineficiencia, la negligencia y la tolerancia de las autoridades encargadas de la investigación de los crímenes, las evidencias de fabricación de culpables bajo tortura y el hecho de que se consideren e informen como resueltos los casos al ser presentados ante los tribunales, aunque los inculpados no sean detenidos ni sancionados".

El informe del CEDAW se hace eco de la campaña Alto a la Impunidad en Ciudad Juárez, impulsada por diversas organizaciones no gubernamentales, que han puesto de relieve las graves deficiencias en la actuación de la Fiscalía y la Policía Judicial. Se refiere en concreto a "la ausencia de acciones para la búsqueda y localización de las mujeres que han sido denunciadas como desaparecidas"; al "retardo injustificado y ausencia de las diligencias necesarias para una investigación adecuada"; a la "fabricación de pruebas falsas para desviar la investigación y fabricar culpables"; "negligencia en la comparecencia de los probables responsables y de los sospechosos"; "retardo injustificado de la entrega de los cuerpos, ya que después de identificada la víctima demoran entre dos y seis días, argumentando que están realizando pruebas periciales, de las cuales no hay constancia ni resultados"; "retardo injustificado o ausencia de las pruebas periciales necesarias", y "ocultamiento de pruebas". "En base al análisis realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos", señala el informe, "se observó que la Fiscalía Especial y la Policía Judicial no incorporan a los expedientes toda la información que les aportan las familias de las víctimas, incluso han desaparecido elementos que podían servir como prueba, como quemar la ropa de las víctimas que han sido encontradas".

Los familiares de las víctimas responsabilizan a las autoridades y a los poderes económicos locales de la impunidad y han manifestado su desaliento tras el informe presentado esta semana por la fiscal federal María López Urbina -el tercero en un año-, sobre la investigación de los crímenes denunciados, que hasta el 12 de enero ascienden a 323, aunque hay sospechas de que la cifra real es más elevada. De la revisión de 50 nuevos expedientes, la fiscal dijo que 49 funcionarios que participaron en las indagatorias fueron identificados nuevamente como negligentes. No hay un solo funcionario detenido a raíz de las investigaciones de las instancias federales, mientras que la veintena de personas encarceladas como presuntos responsables de los homicidios han denunciado haber declarado bajo tortura.