La ONU cree que la Corte Penal Internacional debe juzgar los delitos de Darfur

Las atrocidades cometidas por las milicias progubernamentales janjawid en Darfur no pueden calificarse de "genocidio", según la conclusión de la investigación llevaba a cabo por Naciones Unidas, aunque afirma que es un serio crimen contra la humanidad que debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI). EE UU, firme partidaria de sancionar a Sudán por estas matanzas y abusos, se opone a que se acuda a La Haya, donde tiene su sede la CPI.

El informe asegura que Jartum "no ha perseguido una política deliberada de genocidio" contra los ciudadanos de raza negra en Darfur e hilando muy fino define lo ocurrido durante los dos últimos años en la región sudanesa como violaciones "serias" a los derechos humanos. En algunos casos, continúa, estos actos de tortura, saqueo, abusos sexuales y asesinatos sistemáticos podrían haber tenido una clara "intención genocida".

La ONU evita así la mención directa y apunta a reglón seguido que estos crímenes "no son menos serios o atroces que el genocidio". Los cinco miembros de la Comisión de investigación creada en octubre pasado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, reitera en este punto que la ausencia de una política genocida por parte del Gobierno sudanés "no debe distraer de la gravedad de los crímenes perpetrados".

"A cada cosa hay que llamarla por su nombre", indicaron fuentes diplomáticas de un país miembro del Consejo de Seguridad, haciendo referencia al uso abusivo que se está haciendo del término terrorismo tras el 11-S. El panel de investigación matiza en su informe sobre las atrocidades en Darfur que "sólo un tribunal competente" es el que puede determinar si hubo genocidio, examinando caso a caso. Pero es en esta recomendación donde el caso topa con el principal problema.

Francia ya ha expresado su clara intención de que sea la CPI la que juzgue lo sucedido en Darfur y contaría en principio con el apoyo de otros miembros del Consejo de Seguridad. Pero EE UU no reconoce esta Corte y es partidario de que se analicen otras alternativas, a pesar de que el año pasado el Congreso calificara las atrocidades de "genocidio".

"Washington no debería interferir ahora y obstaculizar el proceso", indicaron fuentes diplomáticas de un país firmante del Tratado de Roma, sobre el que se basa el estatuto de la CPI, "porque las otras alternativas no son creíbles". Una posibilidad es que se cree un tribunal especial en Tanzania, como el de Ruanda o la antigua Yugoslavia. Pero EE UU ya dejó claro en el pasado que esta vía es demasiado costosa y poco efectiva.