Sobre la designación de Ricard Cabedo

Leo con estupor en EL PAÍS, del 29 de enero, que el consejero de Justicia de esta comunidad, Miguel Peralta, se ha permitido censurar la designación, efectuada por el Gobierno, de Ricard Cabedo como Fiscal del Tribunal Superior de Justicia valenciano, porque, en su opinión, obedece a intereses partidistas, ha sido adoptada en contra del criterio del Consejo Fiscal y debido a la circunstancia de que su esposa sea diputada del Partido Socialista. Todo ello le permite concluir que Cabedo será un "ariete del PSOE en contra del PP".

Dichas manifestaciones me parecen impropias de un consejero del Gobierno valenciano, que se supone prestó juramento a nuestra Constitución y que, mediante ellas, la conculca gravemente, porque, no sólo olvida el deber de lealtad constitucional de las administraciones autonómicas con la estatal, que impide a un miembro del Ejecutivo autonómico censurar injustificadamente decisiones del Gobierno de la Nación sobre un órgano constitucional, sino, sobre todo, porque faltan manifiestamente a la verdad, ya que, de un lado, el informe del Consejo Fiscal le fue favorable y, de otro, la propuesta del Fiscal General responde exclusivamente a criterios de capacidad y mérito. Es cierto que tanto el Sr. Cabedo como el otro candidato, Sr. Altés, son ambos excelentes fiscales, pero el primero tiene además en su haber el haber sido Fiscal Jefe de San Sebastián (en una época dura, como lo fue la década de los años ochenta) y de Alicante, así como haber publicado múltiples comentarios doctrinales que le acreditan como un jurista de reconocido prestigio. La calificación de partidista, derivada de la circunstancia de que su mujer sea diputada socialista (elegida democrática y no digitalmente) constituye un improperio, sobre todo contra la imparcialidad del Ministerio Público, a quien el Sr. Cabedo, estoy seguro, representará con absoluta autoridad moral.