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Editorial:

Sistema universal

El Gobierno quiere apostar por el modelo de cobertura universal de los países escandinavos en el sistema de asistencia a los discapacitados, ante el fracaso de la fórmula actual que atiende sólo a los de rentas bajas. La idea es inteligente y puede resultar positiva, porque los beneficiarios pagarán en función de sus ingresos económicos, y contribuirá a paliar el paro con la creación de unos 300.000 puestos de trabajo, especialmente femenino. Y eso es importante si se tiene en cuenta que gran parte de la atención de estas personas recae en las familias y que más del 80% de los cuidadores son mujeres sin actividad remunerada.

Pero este proyecto exigirá un notable sacrificio del Estado, pues se calcula que el gasto público en prestaciones sociales tendrá que duplicar los 4.000 millones de euros actuales en un plazo de ocho años, si se mantiene la promesa del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, de realizarlo sin aumentar las cargas impositivas ni los costes laborales. Además, obligará a una mayor colaboración en la cofinanciación de los poderes autonómicos y locales.

La futura Ley de Atención a las Personas Dependientes, que el ministro Caldera ha presentado con el fin de ser aprobada por el Parlamento este año, era uno de los puntos destacados del programa electoral socialista junto a las reformas educativa, sanitaria y de pensiones. El denominado Sistema Nacional de Atención a la Dependencia entrará en funciones gradualmente. Con él se busca articular de manera más equitativa las ayudas económicas y prestaciones sociosanitarias a los discapacitados que necesiten auxilio diario. El sistema atenderá a todos por igual, con independencia de los ingresos, pero la participación de los usuarios en el coste de las prestaciones será proporcional a su renta. No queda claro, sin embargo, de dónde saldrán los fondos públicos adicionales, aunque una posibilidad podría ser a través de impuestos indirectos sobre el alcohol y el tabaco y de las multas de tráfico. Tampoco puede ser visto el sistema como una fórmula sustitutiva a un seguro de dependencia.

El gasto en protección social ha aumentado notablemente en España en los últimos 25 años, pero sigue estando muy por debajo de la media comunitaria europea. Actualmente, 3,5 millones de españoles tienen una discapacidad, pero no todos necesitan ayuda. Un millón y medio están calificados como dependientes, y de ellos algo más de un millón presentan una dependencia severa, total o moderada, una cifra que se prevé aumente a un millón y medio en 2020.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 31 de enero de 2005