El déficit fiscal catalán se sitúa entre los 8.400 y los 12.300 millones

Entre 8.400 y 12.300 millones de euros. O lo que es lo mismo: entre el 6,4% y el 9,4% del PIB catalán. Ése es el déficit fiscal que Cataluña tuvo en 2002 con el Estado, según las estimaciones que ultima el grupo de expertos independientes nombrado por la parte catalana de la comisión de valoraciones Estado-Generalitat. Los expertos, que concluirán sus trabajos el próximo lunes, no presentarán una cifra cerrada, sino una horquilla con los dos porcentajes.

En 2001, el saldo negativo se situó entre el 6,5% y el 9,5% del PIB; esto es, entre 8.000 y 11.800 millones de euros. La estrategia que seguirá el Gobierno catalán a partir de estas cifras a la hora de pactar un nuevo modelo de financiación autonómico está pendiente de diseñar, aunque dos consejeros de ERC apuestan por negociar con el Gobierno una reducción del déficit a un 5% del PIB en un periodo máximo de 10 años. Otras fuentes de la Generalitat insisten en que la fórmula de reducción y la estrategia negociadora con el Gobierno no están aún acordadas.

El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos que percibe la Administración central procedentes de Cataluña -grosso modo, los impuestos que pagan los catalanes al Estado- y el gasto y la inversión que realiza la Administración central en la comunidad catalana.

Los cálculos de los expertos corresponden a 2001 y 2002, los dos últimos ejercicios cuyo presupuesto ha sido ya liquidado. Los ocho integrantes de la comisión, que recibieron el encargo de la parte catalana de la comisión mixta de valoraciones Estado-Generalitat de actualizar las estimaciones del saldo fiscal, aún no han consensuado unos datos definitivos. Pero tras la última reunión, el pasado martes, la gran mayoría se inclina por cifrar el déficit fiscal en el 9,5% del PIB en 2001 y en el 9,4% en 2002.

Ésta es la estimación que se obtiene de tomar como referencia la localización geográfica del gasto que realiza el Estado en cada territorio, criterio conocido como flujo monetario. Las cifras inferiores de ambas horquillas (6,4% del PIB en 2002 y 6,5% en 2001) corresponden al criterio del flujo de beneficio, que tiene en cuenta el lugar de residencia de quienes se benefician del servicio prestado. El documento que presentarán los expertos, de unas seis páginas, podría incluir la horquilla de porcentajes obtenidos con las dos metodologías y una explicación de ambas.

Las primeras propuestas para el sistema de financiación autonómica del nuevo Estatut -elaboradas por ERC y CiU- están ya sobre la mesa. Y prácticamente coinciden. Josep Huguet, consejero de Comercio, Turismo y Consumo del Ejecutivo catalán, lanzó a finales del pasado año la propuesta de ERC, basada en un modelo "similar al concierto económico del País Vasco y Navarra", que incluya una agencia tributaria propia y una cuota de solidaridad entre las distintas comunidades que alcance un máximo del 1,5% del PIB, y una segunda cuota al Estado por los servicios no transferidos.

"La suma de estas dos cuotas no debe superar el 4% del PIB", aclaró ayer Huguet, que se reunirá con Antoni Castells el lunes para cotejar su propuesta con el consejero de Economía y Finanzas. La propuesta de CiU se basa en una cuota de solidaridad del 2% del PIB y una cuota por los servicios no transferidos de un máximo del 2% del PIB. Es decir, una aportación máxima al Estado del 4% del PIB con una fórmula similar a la de las comunidades forales.