Junta, sindicatos y patronal se comprometen a crear más de 300.000 empleos en cuatro años

Un nuevo acuerdo de concertación, el sexto en los últimos 12 años, está ya en marcha. El presidente de la Junta, Manuel Chaves y los máximos responsables regionales de los sindicatos mayoritarios y la patronal firmaron ayer el acuerdo, del que el presidente andaluz resaltó que es el más ambicioso de los alcanzados hasta ahora. El pacto, que implicará un gasto de la Junta de 10.220 millones en cuatro años, incorpora medidas de cohesión territorial y social y se fija por primera vez objetivos concretos. Entre ellos, Chaves resaltó el incremento de la renta per cápita hasta alcanzar el 75% de la media europea y la generación de más de 300.000 puestos de trabajo para superar en 2008 los tres millones de ocupados en Andalucía

Cada nuevo acuerdo con la Junta ha incrementado la participación de los agentes sociales en el diseño de las políticas autonómicas. Una tendencia que se ha reafirmado en el pacto firmado ayer por Chaves y los dirigentes de los sindicatos UGT y CC OO, y la patronal CEA. Más allá de la dotación económica (un 30% más que el anterior acuerdo, según las cuentas de la Consejería de Economía), el acuerdo amplía la creación de órganos tripartitos hasta el medio centenar, de modo que los agentes sociales definirán junto al Ejecutivo andaluz las políticas en materias tan dispares como ciencia, formación profesional, calidad comercial, cohesión territorial, turismo, minería o vivienda.

"Nuestra gran aspiración es la convergencia económica, social y tecnológica de Andalucía con los países y regiones más avanzadas de la Unión Europea", resumió Chaves en el acto de firma del pacto, tras enumerar otros objetivos del acuerdo. Ésta es una de las principales novedades del documento, que por primera vez fija objetivos concretos que habrá que evaluar al término de la vigencia del acuerdo, en 2008. Así, además de los grandes objetivos (ver destacado), la Junta y los agentes sociales se ponen como meta lograr que todos los municipios tengan acceso público a Internet (mediante la extensión del programa Guadalinfo), mantener la productividad de la economía andaluza cerca del 90% de la media de la UE o aumentar la cualificación del empleo, de modo que tres de cada cuatro ocupados tengan estudios secundarios o superiores.

La mayor parte de estos objetivos se alcanzarán con facilidad siempre que Andalucía mantenga hasta 2008 el ritmo de crecimiento económico sostenido desde 1993, año de la firma del primer acuerdo de concertación. "Lo que España crece en cuatro años, Andalucía lo hace en tres", comentó Chaves en referencia a los datos de la última década.

Las medidas incluidas en el plan, sin embargo, no son tan concretas, y en su mayor parte recogen declaraciones de intenciones, que la Junta y los agentes sociales tendrán que plasmar en los próximos meses. El acuerdo se divide en siete ejes, y según la información suministrada ayer por la Junta, el que aglutina las medidas contra la siniestralidad laboral y la temporalidad en la contratación absorberá 4.120 millones de euros de gasto público, el 40% de los recursos que la Junta prevé necesarios para todo el plan.

Cohesión territorial

Este eje, el que más ha complicado la negociación entre sindicatos y patronal, combina medidas ya previstas por la Junta, como la definición de áreas territoriales preferentes en materia de empleo, ayudas al autoempleo (el denominado "tícket del autónomo" o la creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (pendiente desde la última legislatura), con algunas novedades, aunque aún no muy desarrolladas. Así, sólo se especifican incentivos a la contratación indefinida en el caso de las mujeres, los jóvenes y los discapacitados. Para las mujeres se prevé una ayuda específica para su reincorporación al mercado laboral tras la maternidad. En la lucha contra los accidentes laborales, además de crear "laboratorios" para el análisis de riesgos en los centros de trabajo, se acuerda que la Junta primará en los contratos públicos a las empresas que se hayan distinguido por poner en marcha planes de prevención.

La aplicación de nuevas tecnologías y de procesos innovadores en las empresas es otra de las prioridades del acuerdo, aunque muchas de las medidas que se desarrollarán (fondos capital-riesgo para apoyar el I+D, una corporación para acercar a la empresa y la universidad) ya han sido formuladas por la Consejería de lnnovación en colaboración con los agentes sociales.

Entre las novedades, el secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, resaltó la creación de un observatorio de cohesión territorial, una materia que por primera vez se incorpora a la concertación, y de un grupo de trabajo que estudiará como evitar la deslocalización de empresas. El responsable andaluz de CC OO, Francisco Carbonero, agregó a esas novedades la apuesta por reforzar la atención a las personas dependientes. Por su parte, el presidente de la CEA, Santiago Herrero, aseguró que "la inversión pública será correspondida" por el sector privado.