La CNMV y el caso FG

La Bolsa española mueve anualmente casi 637.000 millones de euros y resuelve más de 13 millones y medio de operaciones. Es un mercado complejo, fuente de rentas para millones de familias e inversores. Este sofisticado tráfico de dinero descansa casi única y exclusivamente sobre la confianza de los inversores, en su seguridad de que las compras y las ventas respetan la legalidad y todos cuentan con oportunidades iguales de información. La confianza de los inversores está íntimamente relacionada con el respeto que sea capaz de transmitirles el órgano regulador del mercado, que en el caso de España es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este prestigio no va incluido gratuitamente con la existencia de la institución. Por el contrario, sus responsables deben ganarlo día a día impidiendo las operaciones fraudulentas, la información privilegiada o las operaciones insolventes. No está de más señalar que en sus 15 años de existencia, la CNMV intercala actuaciones correctas con otras no sólo muy discutibles, sino absolutamente lamentables, que implican, incluso, posibles responsabilidades penales. Baste recordar su actuación en el caso Gescartera, el escándalo de la evaporación de 15.000 millones de pesetas que afectó a más de un millar de accionistas en 2001.

Pues bien, la CNMV se enfrenta ahora a un caso que medirá de forma inapelable su capacidad para estar a la altura del rigor, veracidad y transparencia que se le requieren desde el mercado. En 1996, con motivo de la operación de venta de la sociedad de Bolsa FG -dirigida entonces por el hoy presidente del BBVA, Francisco González-, el comprador, el grupo Merrill Lynch, dirigió a la CNMV un documento en el que informaba de un desfase contable de al menos 800 millones de pesetas en la sociedad comprada. Esta comunicación, de capital importancia para determinar si la operación se realizó en condiciones de transparencia de mercado y justiprecio contable y, sobre todo, si el mercado y la CNMV habían recibido la información adecuada sobre la marcha de la sociedad, habría desaparecido de los archivos de la Comisión. Lo que en un país del Tercer Mundo resultaría un chascarrillo de mal gusto, en el caso de España constituye un hecho gravísimo que no puede quedar impune.

Sea cual sea el motivo de la desaparición -desde la negligencia de un funcionario hasta un intento de borrar el rastro de una operación eventualmente contaminada-, que un expediente sobre un hecho relevante como la venta de FG Inversiones se esfume de los archivos del regulador no estimula precisamente a confiar en la autoridad moral de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Se da la circunstancia de que la desaparición implica a todos los presidentes que ha tenido la Comisión: Luis Carlos Croissier, Juan Fernández Armesto, Pilar Valiente, Blas Calzada y el actual, Manuel Conthe. Hay que decir que las primeras actuaciones de éste suscitan no pocas dudas respecto a su competencia para el cargo.

La primera nota pública de la CNMV sobre el caso contenía una falacia calumniosa respecto al comportamiento del medio periodístico que lo desveló. Acusar a un redactor -del que se facilitaban nombre y apellidos- que quiso cotejar su información con la CNMV de ser el denunciante de los hechos ante la misma es un comportamiento que desdice de la credibilidad y la transparencia a la que está obligado este organismo. Manuel Conthe ya dejó tras de sí un rastro de considerable controversia como alto ejecutivo del Banco Mundial entre 1999 y 2001. Esta manera de pretender quitarse de encima el caso FG -no sabemos si por presiones o temores políticos-, echando la culpa a otros, no habla en favor de su manera de proceder al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De modo que el caso FG amenaza con convertirse, además, en el caso CNMV y en el caso Conthe.

Para que la institución mantenga la confianza de los inversores, sus responsables -presidente, vicepresidente y Consejo- están obligados a dar las explicaciones pertinentes sobre la pérdida del expediente comprometedor. Y debe hacerlo con la mayor rapidez posible para no mantener la incertidumbre sobre el segundo banco del país. En este caso, "dar explicaciones" tiene un contenido muy preciso: se debe llegar hasta las últimas consecuencias para aclarar quién recibió el expediente, quién lo extravió o destruyó y por qué razones. Si no se ofrecen estas aclaraciones, la Comisión se deslizará un paso más hacia el desprestigio. Una institución que reclama transparencia a los demás no puede comportarse de forma tan opaca.