La Fiscalía da instrucciones de investigar la adjudicación municipal del derribo de Granada

El jefe de la Fiscalía de Granada, Jesús García Calderón, ha dado instrucciones al fiscal encargado del caso Gomérez para que investigue presuntas irregularidades en la adjudicación de la demolición promovida por el Ayuntamiento de Granada en la que murió un albañil ecuatoriano sin papeles el pasado 21 de diciembre. Los grupos municipales de la oposición (PSOE e IU) reiteraron ayer su petición de crear una comisión de investigación en la que se indague sobre las responsabilidades políticas del equipo de gobierno en el accidente laboral y el procedimiento por el que se adjudicaron las obras.

El fiscal quiere saber por qué la obra en la que murió el trabajador ecuatoriano se adjudicó por un importe superior al que establece el presupuesto como "total de ejecución de la contrata" y si ese presunto exceso en la valoración se libró a favor de la contratista municipal encargada de todas las obras subsidiarias del Ayuntamiento (Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L.). Fuentes cercanas a la Fiscalía aseguraron que no se descarta recabar información sobre otras ejecuciones subsidiarias municipales (las que se niegan a realizar los propietarios de los inmuebles) para comprobar si en su tramitación se produjo algún tipo de irregularidad.

El Ayuntamiento valoró la ejecución de la demolición de la cuesta de Gomérez en 25.559 euros, incluyendo todos los conceptos que establece el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas (6% de costes indirectos, 14% de gastos generales, 6% de beneficio industrial y 16% de IVA). Pero esa cantidad se incrementó con 11.448 euros contabilizados bajo el epígrafe "gastos administrativos", correspondientes, según el concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, a las gestiones municipales realizadas para promover la demolición, cuyo coste se exige posteriormente al propietario del inmueble.

El total del presupuesto de adjudicación (38.007 euros) -recogido en el decreto en el que se ordenó la ejecución subsidiaria, firmado por el propio García-Royo el pasado 13 de abril- fue la cantidad respecto a la que se calculó la única certificación de obras presentada por la empresa, donde esa cifra aparece como "presupuesto de adjudicación". El propio decreto municipal ordenaba la comunicación de la ejecución subsidiaria "a la Intervención de Fondos Municipales para que proceda a la contracción del gasto".

Homicidio imprudente

El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, investiga las presuntas responsabilidades "laborales y administrativas" del Ayuntamiento y las tres constructoras implicadas en la cadena de subcontratas previa al derribo. Las actuaciones de sus responsables en la demolición podrían suponer responsabilidades penales o civiles por los delitos de homicidio imprudente (artículo 142.3 del Código Penal) y otros dos relativos a condiciones de seguridad en el trabajo y utilización de mano de obra ilegal (artículos 311 y siguientes), según fuentes judiciales. El fiscal asignado a este caso indagará también a partir de ahora en el procedimiento por el que el consistorio adjudicó la obra a su contratista, Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L.

Los grupos municipales de la oposición piden también responsabilidades políticas y quieren que se depuren antes de que se pronuncie el juez. El portavoz del PSOE, Juan Montabes, aseguró ayer que su grupo mantendrá su petición de crear una comisión de investigación presidida por un concejal socialista que tenga como "núcleo central" el accidente laboral en el que murió el ecuatoriano así como la adjudicación de la obra.

Los socialistas, a coro con Izquierda Unida, rechazaron el pasado miércoles la comisión promovida por el alcalde, José Torres Hurtado, que colocaba como presidente al concejal de Participación Ciudadana, Eduardo Moral (PP), ampliaba el objeto de la investigación a "las obras subsidiarias ejecutadas en los últimos años", y establecía que sus conclusiones debían presentarse en el pleno ordinario del próximo viernes. "Pediremos información al PP sobre la inclusión en el presupuesto de la obra de los gastos administrativos y sobre cómo se valoraron, respecto a qué precios públicos", añadió Juan Montabes.

La portavoz de Izquierda Unida, Lola Ruiz, consideró "más necesaria que nunca" esa comisión de investigación, que, según dice, debe contar "con todas las garantías democráticas" y tiene que investigar tanto la demolición como su tramitación municipal. "No es normal que la contratista vea incrementados sus emolumentos en casi un 50% que no tiene nada que ver con la realización de la obra", dijo Ruiz, que recordó que tanto el decreto de ejecución subsidiaria como la certificación de obras "están firmados por el concejal de Urbanismo".