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Tribuna:

La barrera electoral y su (im)posible reforma

Es del dominio público que mi opinión sobre la barrera electoral que en el Estatuto figura no es positiva precisamente. Como el profesor Franch i Ferrer probó hace algunos años en el caso valenciano la barrera es rigurosamente inútil al efecto de satisfacer el objetivo por el que se trata de legitimarla, favorecer la gobernabilidad, si la barrera no hubiere existido las mayorías parlamentarias hubieran sido las mismas y la base parlamentaria de los gobiernos idéntica, eso sí, el Parlamento hubiere sido más representativo de la realidad valenciana de lo que actualmente es. Mi objeción principal a la barrera no radica tanto en la mengua de representación que comporta (hasta un diez por ciento de los votos privados de representación merced a la misma ) cuanto en el efecto que tiene sobre el derecho de sufragio de los ciudadanos que tienen la desgracia de votar "mal", esto es, a las minorías. Ese efecto es simple: el ciudadano queda privado del derecho de participación política mediante el sufragio que le reconoce, a título de fundamental, el art.23 de la Constitución. Si usted, amigo lector, tuvo la desdicha de votar BNV o UV en las pasadas elecciones sepa que su voto no se contó, como dice con encantadora ingenuidad y claridad la ley electoral "no será tenido en cuenta". Es de notar que ese defecto no es inherente a la barrera, de hecho no se produce en los ejemplos que se suelen usar como elemento de comparación por los defensores de la misma (el alemán o el italiano), y no se produce allí porque el elector tiene en tales casos dos votos, uno de los cuales, el que se emite en distrito uninominal, no se ve afectado por la barrera, de tal modo que la barrera electoral no supone siempre y necesariamente la ablación de su derecho fundamental de sufragio, que es lo que pasa aquí. Si se adoptara para la elección a Cortes Valencianas un sistema electoral proporcional personalizado como el alemán, o un sistema mixto como el italiano, el defecto actual -que, a mi juicio, hace inconstitucional la barrera valenciana- desaparecería.

Con todo confieso que la barrera electoral me parece un instituto profundamente antipático (sea constitucional o no). Por una parte es una figura que está pensada para orientar el voto de los electores, para inducir el "voto estratégico", para procurar que los electores voten "bien", voten a "los buenos", que sin duda por feliz casualidad son los grandes, y del otro disuadirles de orientar su voto "mal", de que voten a "los malos", que Dios en su infinita bondad consiente que sean los pequeños. Qué quieren ustedes que les diga, como impenitente lector de Cervantes penalizar a los pequeños porque lo son no me parece simpático precisamente. Por eso he escrito alguna vez que la mejor barrera electoral es la que no existe: que los electores hablen y a quien ellos se lo den, San Pedro se lo bendiga.

Ahora bien, aquí y ahora la cuestión de la barrera no es precisamente inocente, desde la perspectiva de los dos partidos mayoritarios al menos. No lo es para el PSPV: la disminución de la barrera o su desaparición asegurarían con toda seguridad la permanencia en el Parlamento de EUPV y desalentaría una eventual coalición entre l'Entesa y el BNV (que ninguna de las partes necesitaría para entrar en la Cámara), posibilidad no demasiado grata para los intereses electorales de la socialdemocracia valenciana en tanto en cuanto el efecto de incitación al "voto útil" de los nacionalistas se evaporaría. Sin embargo esa posibilidad podría tener un efecto colateral positivo: proporcionar socios parlamentarios al PSPV en el caso de que los necesitara en 2007 para formar una mayoría parlamentaria capaz de sostener un gobierno.

Tampoco es neutral desde la perspectiva del PP. La estrategia seguida por el PPCV desde principios de los noventa se ha basado en la agrupación de todo el electorado del "no-socialismo", para ello ha tenido que absorber y/o destruir cualquier formación situada entre el propio PP y los socialistas. La agrupación le permite ser mayoritario, pero esa misma agrupación tiene un importante efecto de retorno: le deja sin socios y ante la alternativa de la mayoría absoluta o la oposición. La disminución o desaparición de la barrera no le permitiría conseguir un socio complementario porque tal cosa no existe. Por ello esa reforma es unilateral: a corto plazo beneficia al PSPV y sólo al PSPV. Además, aunque no se confiese, no parece aventurado señalar que existe un motivo adicional para mantener las cosas como están: la disminución o desaparición de la barrera podría animar al sector termocéfalo del zaplanismo a probar la aventura de una versión valenciana de la URAS: montar para las autonómicas un partido de derecha alternativo posible, pero no necesariamente, de corte alicantinista Algo que no sé si en Génova, pero ciertamente en la calle de Caballeros despierta un entusiasmo fácilmente descriptible.

Es cierto que los resultados que en realidad se buscan obtener con la barrera electoral podrían obtenerse mediante mecanismos menos lesivos para el sufragio universal y dotados de mayor racionalidad, pero también lo es que ello supondría entrar en modificaciones de fondo de las actuales reglas electorales, ora según el modelo alemán, ora según el modelo italiano, y aunque algunas de tales modificaciones me parecen intrínsecamente deseables su introducción exigiría de los dos grandes partidos aventurarse en terrenos desconocidos, cosa a la que los mastodontes no parecen muy aficionados. Además, por qué no decirlo, el cambio en la barrera despierta, en ambos partidos, la hostilidad de los que sueñan con la posibilidad del bipartidismo. Que ésa sea una alternativa tan ineficiente como peligrosa (peligrosa ante todo para algunos de sus defensores) no es óbice para que el sueño exista y tenga sus consecuencias en el hacer de esos partidos.

Unas cosas por otras no me parece que el cambio de tan antipático instituto tenga muchas posibilidades. El sindicalismo ratonero de algunos de nuestros políticos se encargará de ello. Salvo que de ello nos libre Dios, naturalmente.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de enero de 2005