La convivencia rota de Cortegana

José es el patriarca de la familia Aguilera, unas 200 personas de etnia gitana contra las que se dirigieron más de un millar de manifestantes el pasado domingo en Cortegana (Huelva). Nació en el pueblo hace 75 años y ayer se lamentaba de que las relaciones con los payos se hubieran deteriorado tanto en los últimos años. "Yo me juntaba con los payos hasta hoy", dice. "Siempre hemos sido hermanos, estábamos unidos. Ahora ya no podemos".

La convivencia empezó a torcerse en 1999, tras el asesinato de una anciana paya a manos de un gitano vinculado a la familia Montoya, cuyo hermano mellizo fue acusado del asesinato de otra vecina en 2001. El pasado 1 de enero la localidad se despertó con un nuevo asesinato, el de Mateo Vázquez, pero esta vez los dos detenidos como presuntos culpables están vinculados a la familia Aguilera, cuyos más de 200 miembros dicen ahora sentirse "perseguidos". "Mi hijo se ha cruzado con un vecino y le ha dicho que nos van a quemar a todos", cuenta Vicente Aguilera, tío de uno de los detenidos por el crimen del 1 de enero.

El ataque del domingo causó daño en 12 viviendas y 14 coches. La familia Aguilera recibió ayer la visita de miembros de la asociación Alianza Romaní llegados desde Zafra (Badajoz) para orientarles, sobre todo, en los trámites legales. Agustín Vega, uno de los miembros de la organización, considera "escandaloso" que aún no haya detenidos por los ataques del domingo. "Entendemos las declaraciones políticas, pero estamos ante un linchamiento y aquí tiene que intervenir la justicia", subraya Vega, quien se comprometió a buscar un abogado para que las familias puedan reclamar los daños.

Felisa Castro, una maestra que trabaja con la población gitana a través de la asociación Romaní Don Dibé, asegura que la semana pasada ya notó que "algo se gestaba" porque "había demasiada tranquilidad". No obstante, Castro advierte de que la mayoría de los vecinos del pueblo "no se identifica para nada" con lo que ocurrió el domingo.

Entre los manifestantes que se dirigieron al barrio donde viven los gitanos se encontraban los cinco concejales que el PSOE, lo que les ha convertido en el centro de las críticas de los demás partidos. El portavoz socialista, Tomás Olla, asegura que su grupo se quedó hasta el final por "responsabilidad". "Intentamos evitar que se dirigieran a las casas, pero no pudimos. Quizás si hubieran estado allí más concejales no hubiera pasado lo que pasó". Olla asegura que los que atacaron las viviendas fueron "un grupo de 15 o 20 jóvenes", aunque dice "no tener constancia" de la existencia de grupos de extrema derecha, a los que el alcalde, Antonio Marín, señala como autores del ataque.

El delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, y la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, llamaron ayer a la calma y coincidieron en señalar que los sucesos del domingo "no son compartidos" por la mayoría de los vecinos. Naranjo apostó por la celebración de una reunión entre el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento. La Guardia Civil mantiene el dispositivo especial de vigilancia.