El PSOE de Sevilla defiende a su coordinador, vinculado a empresas que facturaron al Ayuntamiento 415.000 euros

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla sacó ayer a la luz los datos que perseguía la oposición: las dos empresas vinculadas al coordinador del grupo municipal socialista, José María Castro Buján, facturaron 415.435 euros al Ayuntamiento de Sevilla entre 2001 y 2004. Asesoría San Jerónimo y Aseycon realizaron pequeñas obras por valor de 2.400 a 30.000 euros en los distritos Macarena, Nervión, Este y Centro, pero el gobierno insiste en que el cargo de Castro no ha beneficiado a las empresas. La oposición duda de si podrán pedir "responsabilidades penales", pero considera "indudable" la existencia de "responsabilidades políticas".

El concejal de Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, sostuvo ayer que Castro vendió su participación en Asesoría San Jerónimo en julio de 2001, aunque siguió siendo apoderado de la empresa, que, según el edil, "dejó de tener actividad" en el segundo trimestre de 2002. Sin embargo, en el Registro Mercantil no hay constancia de que la sociedad se haya dado de baja y en la Intervención municipal hay facturas de esta empresa por obras realizadas cuando supuestamente ya no existía la sociedad.

En defensa del coordinador del grupo socialista, De Celis alegó que Castro llegó al Ayuntamiento en octubre de 2002, más de un año después de vender su parte en la empresa. Aunque el edil no lo especificó, hasta que llegó al Ayuntamiento y desde 1996, el hoy coordinador del PSOE municipal ocupaba una plaza de personal de confianza en el grupo socialista de la Diputación, presidida entre 1995 y 1999 por el actual alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.

Según explicó De Celis, si el Ayuntamiento decidiera vetar a estas empresas en los contratos municipales "estaría cometiendo una ilegalidad". "Si esta empresa presenta la mejor oferta, ¿de qué manera se le dice que no?", advirtió el edil, quien asegura que al menos en una decena de casos estas sociedades han presentado ofertas que no han resultado ganadoras.

Según De Celis, Castro no ocupa cargo directivo, sino que es uno de los cinco técnicos del grupo socialista y "no tiene capacidad" para influir en las adjudicaciones. Fuentes jurídicas consideran que, en el caso de que la oposición acudiera a los tribunales, podría ampararse en el artículo 429 del Código Penal, que condena el tráfico de influencias entre un particular y un funcionario público. Castro sólo podría ser culpado, advierten estas fuentes, si se prueba que su relación con la administración pública "ha influido" en la adjudicación de obras.