El PP y CiU discrepan del tripartito en el deber de conocer el catalán y en el trato a la escuela privada

El papel de la escuela privada concertada y el deber de conocer el catalán fueron las dos chinas que ayer se encontró en el zapato la ponencia que reforma el Estatut. En el primer caso, las objeciones fueron de CiU y en el segundo, del PP.

Los populares, pues, no aceptan que conocer catalán sea un deber, aunque no se cierran a otras redacciones, informa Efe. El PP también expresó sus dudas sobre la capacidad del Estatut para regular el uso del catalán en la Administración de Justicia o bien en determinados documentos públicos. Fuentes de los partidos de izquierda y de CiU aseguraron que, pese a las objeciones de los populares, esta cuestión ha quedado "cerrada en primera lectura", aunque la federación nacionalista es partidaria de incluir este punto en otro título del Estatut. De hecho, CiU propone prescindir del título de derechos y deberes y repartir los artículos del mismo bien en otros títulos del Estatut o en una carta de derechos y deberes paralela al texto estatutario.

Los representantes de CiU en la ponencia encargada de la reforma estatutaria exigieron en la reunión que en el texto del nuevo Estatut "se trate por igual" a la escuela de titularidad pública y a la privada y se evite hacer abierta referencia a la "laicidad" de la enseñanza. En la discusión sobre el título de derechos y deberes del futuro Estatut, los ponentes abordaron el artículo 21, referido a los derechos en el ámbito de la educación, sobre el que los representantes de CiU y de las formaciones de izquierda han evidenciado sus discrepancias. En concreto, al principio del artículo propuesto en el borrador elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) se plantea: "Todas las personas tienen derecho a la enseñanza pública, laica y de calidad, y a acceder a ella en condiciones de igualdad". Además, se añade: "Los centros privados sostenidos con fondos públicos tienen el derecho de cumplir las obligaciones de servicio público que determine la ley para garantizar los derechos de acceso en condiciones de igualdad y la calidad de la enseñanza". Fuentes de CiU señalaron que este último punto no hace referencia alguna a los centros públicos, por lo que han constatado que de la redacción se desprende un trato "diferente".