CiU califica de "chapuza jurídica" la ley del 'conseller en cap' enmendada por el Consultivo

Convergència i Unió (CiU) ya imaginaba este final y ayer su portavoz, Felip Puig, reclamó al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que asuma responsabilidades políticas después de que el Consejo Consultivo enmendara parte de la ley del conseller en cap presentada por el Gobierno. Puig, que no concretó a qué tipo de responsabilidades se refería -dimisión, cese o reprobación- ni indicó la persona que debería asumirlas, calificó de "chapuza jurídica" la redacción de esta ley, que ahora deberá modificarse con las enmiendas que presentarán los partidos del tripartito durante el trámite parlamentario.

A juicio de Puig, el dictamen del Consejo Consultivo avala las tesis de CiU en el sentido de que la ley, en sus actuales términos, "vacía de contenido las funciones inherentes al cargo de presidente de la Generalitat y disminuye su fortaleza institucional". Un análisis que, según Puig, evidencia que el Gobierno catalán "trabaja muy poco y mal".

El portavoz de Esquerra Republicana, Joan Ridao, manifestó que CiU "sobredimensiona" la resolución y que en ningún caso se puede hablar de "ridículo o correctivo" al Gobierno. Similar interpretación hizo la parlamementaria socialista Lidia Santos.

Parejas homosexuales

Respecto al otro dictamen del Consultivo sobre la ley que permitirá a los homosexuales adoptar, CiU se alió ayer con el Partido Popular a la hora de denunciar que con esta norma se paralizarán las adopciones internacionales, pues muchos países podrían romper sus convenios con Cataluña. Según los dos partidos de la oposición, el 90% de las adopciones en Cataluña son de niños extranjeros.

Unió, que presentará una enmienda a la totalidad de la ley, considera que este posible problema se solventaría limitando a los homosexuales la adopción de niños españoles. El portavoz del PP, Daniel Sirera, pidió que se frene esta ley porque "traerá más problemas de los que solucionará".

El propio Gobierno catalán y los partidos que lo apoyan acusaron ayer a CiU y el PP de crear un "alarmismo innecesario" e "infundir el miedo" entre las parejas que están en pleno proceso de adopción. La secretaria de Familias e Infancia, Montserrat Tur, afirmó que la Generalitat realiza siempre un estudio de las parejas que pretenden adoptar y que en caso de que sean homosexuales ya no se iniciará el proceso con países que no lo permiten, por ejemplo China.

El republicano Joan Ridao calificó de "grotescas y catastrofistas" las advertencias de la oposición, y la socialista Lidia Santos precisó que la ley ya prevé mecanismos para que no se cometan fraudes en las adopciones internacionales. Ambos dirigentes recordaron que el Consultivo considera adecuadas a derecho este tipo de adopciones.