Un tribunal dicta que dos niños nigerianos sigan con familias de Cádiz hasta resolver su tutela

Dos niños nigerianos, hijos de inmigrantes llegados en patera a las costas de Cádiz, seguirán residiendo con las dos familias andaluzas que asumieron su guarda por decisión de sus progenitores. En sendas sentencias, la Audiencia de Cádiz revoca la declaración de desamparo de los pequeños dictada por la Junta de Andalucía cuando éstos ya vivían con las familias gaditanas. En un fallo muy crítico con las Administraciones públicas por su actuación ante estas situaciones, el tribunal declara al fiscal como representante legal de los pequeños mientras un juzgado no resuelva el futuro de su tutela.

Varias familias gaditanas mantienen una pelea jurídica con la Junta por mantener en sus hogares a pequeños, hijos de inmigrantes que han cruzado el Estrecho de Gibraltar de forma clandestina y de los que se hicieron cargo con la conformidad de los propios progenitores. Cuando estas situaciones salieron a la luz, la Administración autonómica echó a andar procedimientos de declaración de desamparo de los menores para asumir su tutela y decidir sobre su destino.

La oposición de las familias que de hecho tenían la guarda de los menores abrió diferentes litigios judiciales. Dos de ellos han culminado en similares sentencias de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz, que anulan el desamparo de dos menores nigerianos decretado por la Junta de Andalucía, ordena a la Fiscalía que asuma la representación de ambos niños y "de forma inmediata" promueva ante el juzgado de primera instancia "la constitución de la tutela".

El fallo -del que ha sido ponente el presidente de la Audiencia de Cádiz, Lorenzo del Río Fernández- establece que mientras no se resuelva la tutela, subsista la "actual guarda de hecho de los actores". Asimismo, anula el acogimiento familiar simple y provisional otorgado por el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Cádiz a las familias. Para dictar esta sentencia, los magistrados concluyen que "una inicial y clara situación de desamparo y consiguiente tutela automática pública o ex lege, por desprotección de un menor recién nacido, ha derivado, de forma incomprensible en una situación favorable y muy duradera en el tiempo de guarda de hecho, que ahora hemos de respetar y proteger jurídicamente, aunque sea de forma provisional y transitoria, en base al interés preponderante del menor, mientras se constituyen las instituciones tutelares u otras formas de sustitución de la patria potestad".

La decisión del tribunal significa que en la práctica un pequeño nigeriano seguirá viviendo en Castellar de la Frontera (Cádiz) con Isabel Dueñas, que se hizo cargo del menor a petición de los padres biológicos, lo que formalizaron ante un notario. El otro caso afecta a una niña nigeriana que vive desde comienzos de 2001 con Virgilio Moreno y Remedios Béjar en Algeciras (Cádiz). "Nos hemos quitado un lastre gordo de encima", manifestó ayer Moreno.

El matrimonio, con tres hijos biológicos y un historial solidario intachable, accedió a la petición de un párroco de hacerse cargo de la niña que, en diciembre de 2000, había viajado en patera con su supuesto padre, Francis Orih, cuando apenas contaba con un mes de vida. Huérfano de madre, el bebé residió junto a su progenitor durante seis meses en el albergue que gestiona Isidoro Macías, conocido como padre Patera, antes de recalar en la parroquia de San Pedro, cuyo titular pidió ayuda a Virgilio y Remedios. El matrimonio formalizó la "guarda de hecho" de acuerdo con el padre biológico ante un juzgado de Algeciras en 2002, que simultáneamente informó a Asuntos Sociales, que declaró entonces el desamparo. "Nos encontramos con una niña abandonada por su posible padre biológico, pero que de facto lleva más de un año perfectamente atendida por un matrimonio cuando se inicia la actuación administrativa", resume el fallo de la sala, que observa en ese tiempo "irregularidades, beneplácito y pasividad de personas, alguna de ellas especialmente cualificadas por su profesión o actividad, que han permitido que la guarda legal de la menor se encuentre fuera de la normalidad".

La reprimenda del ponente incluye al padre Patera, al párroco de San Pedro, al juez de Algeciras y al fiscal que autorizan la guarda de hecho por no informar de ello o promover medidas de protección del menor. Los magistrados también dan un varapalo a la Junta de Andalucía, a la que exige "especial diligencia en detectar estas situaciones de embarazadas y/o recién nacidos, que desembocan en seguida, como desgraciadamente ocurre, en situaciones de abandono, desamparo o desprotección". Asimismo, la Sala se pregunta por "la falta de coordinación" entre diversas administraciones para detectar estas situaciones en la comarca del Campo de Gibraltar.