La responsable de seguridad no informó sobre los riesgos del derribo mortal de Granada

El Ayuntamiento de Granada nombró en febrero de 2001 a la responsable de garantizar la seguridad del derribo municipal en el que falleció un obrero ecuatoriano en situación irregular el pasado 21 de diciembre. María Paz García, designada directora técnica de todas las ejecuciones subsidiarias de la capital (las que los propietarios de los inmuebles se niegan a hacer) no informó al Ayuntamiento sobre la subcontratación de la demolición ni sobre las deficientes condiciones de seguridad en la que trabajaban los obreros. Sólo el día después del siniestro dijo a los técnicos que creía que los albañiles no corrían riesgos.

El derribo del edificio situado en el número 16 de la cuesta de Gomérez (la que da acceso a la Alhambra desde Plaza Nueva) fue encargado por el Ayuntamiento a la constructora Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L. el 23 de abril de 2004 por un importe de 38.007 euros. Pero esa empresa, que ejecuta todas las obras subsidiarias municipales, subcontrató con una segunda constructora (Construcciones Hermanos Rodríguez) la demolición por 2.000 euros menos. Tampoco esta segunda compañía hizo el trabajo sino que lo encomendó a una tercera (Alsa S.L.), de la que era empleado el ecuatoriano fallecido.

El resultado de esta cadena de subcontrataciones fue una obra realizada sin las mínimas condiciones de seguridad y en la que, al menos uno de los trabajadores (el que murió) carecía de permiso de trabajo y residencia, según un informe de la Policía Local realizado el día del accidente y enviado al juzgado que instruye la causa. Los agentes certificaron en ese documento que la carencia de medios con que se realizaban los trabajos era tal que los propios policías tuvieron que pedir herramientas y material en obras vecinas para que los bomberos aseguraran lo que quedaba del edificio tras el siniestro.

La responsable de informar al Ayuntamiento sobre esta cadena de irregularidades, según obra en el expediente del derribo, era María Paz García, la arquitecta a la que el consistorio nombró Directora Técnica y encargó velar por las condiciones de seguridad y salud de todas las ejecuciones subsidiarias del Ayuntamiento (las obras que efectúa el municipio por cuenta de los propietarios que se niegan a hacerlas) el 9 de febrero de 2001 que, sin embargo, formaba parte de la plantilla de la contratista municipal, Rehabilitaciones y Demoliciones Granada. Las únicas dos reuniones de esta arquitecta con los técnicos municipales se produjeron la mañana del día del accidente (cuando el obrero ecuatoriano aún vivía) y el día después.

En la primera, García aseguró que el derribo estaba prácticamente terminado a falta de los arreglos necesarios en las medianerías de las fincas colindantes. Al día siguiente, cuando ya se había producido el siniestro, negó que conociera la cadena de subcontrataciones sucesivas y dijo que creía que los albañiles trabajaban en buenas condiciones de seguridad.

En el expediente tampoco consta informe alguno del inspector que acudió a la obra dos meses antes de la muerte del ecuatoriano. El funcionario visitó la finca al día siguiente de que el propietario del edificio de al lado denunciara que la demolición estaba causando daños en su propiedad y que los obreros, que trabajaban sin las mínimas medidas de seguridad, habían provocado un incendio en el inmueble que tuvieron que sofocar los bomberos. De esa inspección sólo se recogen algunas fotografías que muestran el estado ruinoso del edificio (al que faltaba el tejado) cuya fachada se había cubierto con una red sujeta a los balcones. Otra foto muestra a un obrero junto a un contenedor de escombros tocado con el preceptivo casco.

Subcontrata fraudulenta

Entre la documentación recabada por el Ayuntamiento desde el suceso y añadida al expediente se encuentra también una copia del contrato firmado por Rehabilitaciones y Demoliciones Granada con la primera subcontratista, Construcciones Hermanos Rodríguez, el 30 de septiembre de 2004. Urbanismo desconoció la existencia de la subcontrata hasta el 22 de diciembre (el día siguiente al accidente) cuando la adjudicataria la envió por fax al área de Urbanismo.

Las conclusiones de la asesoría jurídica de ese área reflejan que esa subcontrata se efectuó fraudulentamente ya que el pliego de condiciones del concurso por el que Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L. obtuvo la exclusiva de las obras subsidiarias establecía que debía comunicarse a la directora técnica de los proyectos (María Paz García) y debía autorizarse por el Ayuntamiento.