La importancia de llamarse Constitución
El pasado viernes arrancó la campaña para el referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, previsto para el 20 de febrero. Por primera vez, los españoles tendrán ocasión de pronunciarse sobre un paso importante en la construcción europea, algo que ya es parte de nuestra identidad y a la que hemos aportado dimensiones propias.
Se trata de un texto que, como indica su articulado, está por encima de nuestra propia Constitución. Esto último planteó dudas sobre una eventual reforma de la Norma Fundamental española, que establece el sometimiento de los ciudadanos y poderes públicos a sus preceptos. El Tribunal Constitucional lo consideró innecesario por no observar contradicción entre ese principio y la primacía de la nueva norma europea. El texto a refrendar el 20 de febrero no contradice los principios y valores constitucionales, sino que los refuerza.
España no será el primer país en ratificarla, porque ya lo hicieron, por votación en sus respectivos Parlamentos, Letonia y Hungría; pero sí será el primero en hacerlo mediante referéndum, lo que implica una especial responsabilidad. Aunque el triunfo del sí parece garantizado, dada la postura favorable de los dos grandes partidos, existe el riesgo de que se registre una baja participación, como ya ocurrió en las últimas elecciones europeas. El Gobierno ha lanzado una campaña de información en la que participan deportistas y otras personas populares, con la idea de acercar su contenido a los ciudadanos. Pero no se trata tanto de hacer que la gente lea un texto que desde luego no es entretenido, como de popularizar los valores y principios que la informan: aquello que hace que sea un texto compartible por personas de distintas tradiciones culturales o adscripciones ideológicas.
En España, las mayores resistencias a la ratificación proceden de los partidos nacionalistas, sobre todo por la invocación de la voluntad "de los ciudadanos y los Estados" -sin mención a los pueblos- como fundamento de la UE. Según las encuestas, sin embargo, esas reticencias son escasamente compartidas por sus propios votantes: apenas el 10% de los de CiU y algo menos de los del BNG. El PNV, tras un debate interno en que hubo una fuerte discusión, decidió pedir el sí, como quería el 95% de sus electores. Lo mismo ha terminado haciendo CiU pese a la inicial inclinación por el no de la dirección de Convergència. Incluso entre los votantes de Esquerra hay más partidarios del sí, en contra de la decantación de sus líderes.
Aunque se llame Constitución para Europa, su naturaleza jurídica es la de un tratado internacional. No es uno más en la construcción de la Unión, pero tampoco el definitivo. No estamos ante un referéndum ratificatorio, como el de 1978 en relación a la Constitución española, sino consultivo; si bien sería poco concebible que no acatara su resultado, en el improbable caso de que se produjera un rechazo. Este referéndum es una prueba de que el consenso entre los dos grandes partidos es posible en lo que afecta a las reglas del juego. Pero esta coincidencia no debe ser excusa para evitar un gran debate público sobre la Europa que cada cual quiere -y dentro de este nuevo tratado caben diversas Europas sociales o políticas-, y que España no ha hecho ni para el ingreso en la UE, ni para el salto a la moneda única.
Si logra salvar todos los obstáculos, este tratado constitucional debería entrar en vigor en 2007. Pero algunas cosas no pueden esperar. Por ejemplo, el propio texto prevé la creación de un Cuerpo Voluntario de Ayuda Humanitaria. Si hubiera existido, Europa habría podido reaccionar con mayor rapidez y efectividad ante el desastre del maremoto en el sureste asiático. Ahora la UE va a estudiar el desarrollo de una fuerza de reacción rápida y medidas de prevención y alerta precoz ante catástrofes como la de este tsunami y a demostrar que el debate sobre la Constitución no es ajeno a los problemas reales.
