Emociones y argumentos
LA REFLEXIÓN DE PASCAL según la cual hay razones del corazón que la razón desconoce tal vez ayude a disculpar las borrascosas reacciones suscitadas por el dictamen de la comisión de expertos emitido el pasado 23 de diciembre a favor de la Generalitat. Se trata de la vuelta a Cataluña de los fondos incautados por el ejército franquista durante la guerra, depositados en Salamanca por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos creada por Ramón Serrano Suñer en 1938 como fuente documental inculpatoria para la represión. El narcisismo de las pequeñas diferencias típico de las ideologías nacionalistas explicaría en buena medida el aire bronco y el tono virulento de la polémica emocional librada entre las variantes catalana y castellana del victimismo. Pero la fría manipulación política de ese caliente conflicto se está encargando de avivar de manera indecente esos inevitables rescoldos emocionales para satisfacer clientelas electorales.
El dictamen de la subcomisión jurídica designada para informar sobre el destino de los documentos existentes en el Archivo de la Guerra Civil Española da la razón a la demanda de la Generalitat
Las líneas divisorias de la demagógica explotación de esos sentimientos siempre latentes atraviesa el interior de los partidos; mientras dirigentes del PP catalán como Josep Piqué y Francesc Vendrell han aceptado el dictamen de los expertos, otros miembros de su partido echan gasolina al fuego sin prestar atención a los eventuales estragos producidos por el incendio en el edificio autonómico. El blindaje legal por las Cortes castellano-leonesas del Archivo de la Guerra Civil Española -así fue rebautizado bajo la democracia el edificio salmantino de San Ambrosio- está, sin embargo, fuera de sus competencias. Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, ha tocado a rebato para anunciar con voz tremebunda "el desmantelamiento y el desmembramiento de España". Más modestamente, Julián Lanzarote, alcalde de Salamanca, se ha limitado a vallar el edificio del archivo pretextando deterioros en el pavimento. Y el letrado Javier Gómez de Liaño -condenado en su día por prevaricación judicial- pone la guinda al pastel anunciando todo tipo de acciones procesales para prolongar el pleito lo mas posible.
La modernización de los archivos, que está sustituyendo en todo el mundo la consulta de los documentos originales en papel por soportes microfilmados o digitalizados de sus contenidos, deja al descubierto la maliciosa irracionalidad de la disputa. La devolución a la Generalitat de la propiedad jurídica de documentos incautados en 1939 como botín de guerra no perjudica lo más mínimo la función científica del Archivo de la Guerra Civil Española de Salamanca, que seguirá ofreciendo a los investigadores el contenido de los originales en los soportes digitalizados correspondientes. El argumentado y convincente dictamen de la subcomisión jurídica (formada por el ex presidente del Consejo de Estado Tomás de la Quadra Salcedo; el ex presidente del Tribunal Constitucional Pedro Cruz Villalón, y el historiador Josep Cruanyes) también analiza la intrincada selva de las reclamaciones procedentes de particulares, ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones que fueron igualmente desposeídos de sus fondos documentales por los vencedores de la Guerra Civil; aunque las respuestas de los expertos sobre el derecho de los antiguos propietarios a recuperar los originales en papel varían según los casos, la integridad del archivo salmantino quedará a salvo mediante el soporte digital de sus actuales contenidos.
La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca tienen a mano un amplio campo reivindicativo frente a otras instituciones del Estado si fuese cierto que el Archivo de la Guerra Civil les interesa para algo más que la manipulación demagógica. La historia del conflicto de 1936 y de la represión franquista no podrá ser fiablemente escrita mientras los investigadores no dispongan de un centro de consulta capaz de reunir y centralizar la ingente domentación sobre la materia hoy dispersa: desde los sumarios de los consejos de guerra conservados durante largo tiempo en las audiencias territoriales de las antiguas capitanías generales hasta el fondo documental del Archivo Militar General instalado hoy día en Ávila.
