"La mayoría de los desalojados podía pagar el cámping"

El Ayuntamiento de Córdoba desalojó un campamento de inmigrantes rumanos de las afueras de la ciudad el 29 de diciembre. El Consistorio decidió costear la estancia de los 72 desalojados, diez de ellos bebés, en el cámping municipal durante seis días. Cuando venció ese plazo, todos, a excepción de una familia, tuvieron que marcharse al no pagar los cuatro euros por persona y día que cuesta.

Inés Fontiveros, teniente de alcalde de Participación Ciudadana y Cooperación, es la presidenta del Consejo Local de Inmigración de Córdoba. Sostiene que la mayoría de los inmigrantes no quisieron pagarse el alojamiento. "Se trata de un toma y daca. Si yo ofrezco unos servicios mínimos, el colectivo debe esforzarse en aportar, y entendíamos que la gran mayoría podía aportar el coste diario que suponía el cámping".

Las ONG acusan a las tres administraciones de pasarse la pelota de una a otra

El ayuntamiento confiaba en que las familias se marcharían de Córdoba

El Consistorio confiaba en que los inmigrantes, la inmensa mayoría con un visado de turista, se marcharían de Córdoba tras su estancia en el cámping. Pero no ha sido así: "Hay un grupo todavía en la ciudad". Según Fontiveros, están "resistiendo a ver qué pasa" porque las ONG que trabajan con ellos "están diciéndoles que no se vayan". "Es una medida de presión para que las Administraciones nos sentemos a hablar". Y parece que surte su efecto porque Fontiveros anuncia que en los próximos días invitará a la Junta y a la Subdelegación a una reunión.

Las ONG cordobesas acusan a las tres administraciones de pasarse la pelota de una a otra. El Ayuntamiento ha dicho desde un principio que no tiene las competencias para afrontar el problema. Fontiveros, lo repite: "No tenemos recursos, no podemos asumirlo".

Reclama más implicación del Gobierno autonómico y del central, quienes, a su vez, dicen que sus competencias son muy limitadas en este asunto y que la responsabilidad recae sobre los municipios. Al margen de quién tiene que hacerse cargo de este problema, lo cierto es que los inmigrantes están ahí. Fontiveros reconoce que la llegada a la ciudad de rumanos se detectó hace más de un año y que el Ayuntamiento ha fallado en la previsión y se ha visto desbordado.

En el mismo cámping en el que estuvo el grupo de 72 rumanos, hay otros 36 instalados desde hace tres meses. El 17 de enero, el Ayuntamiento dejará de pagarles el alojamiento. Además, en las afueras de la ciudad, existen pequeños campamentos en los que pernoctan más rumanos. "Y llegarán más cada año", sostiene Fontiveros.

La teniente de alcalde de Cooperación se mira en el espejo de Madrid. Cuenta que una situación muy parecida se dio en la capital de España hace cinco años. Una llegada masiva de rumanos, numerosos desalojos, protestas de las organizaciones sociales y, tras dos años, se aplicó una solución parcial.

Un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Comunidad y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales propició que se destinaran 1,2 millones de euros para el alojamiento e inserción de 30 familias. Pero, según Fontiveros, estas cifras son astronómicas para las arcas municipales de la ciudad: "El Ayuntamiento no se lo puede ni plantear". Con el grupo de 36 rumanos, la institución local ha emprendido un plan de emergencia que, además del alojamiento, incluye un intento de inserción social y laboral que tampoco ha dado muchos frutos.