Los retos del comisionado del 11-M

El alto comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, ha comenzado sus trabajos. El pasado día 30 se desplazó a la sede de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el martes pasado le recibieron en la de Afectados por el 11-M. Allí escuchó sus necesidades, reivindicaciones e inquietudes. Los deberes se los marcó Peces-Barba el día de su toma de posesión: dignificar los derechos de las víctimas, formular al Gobierno propuestas legales y reglamentarias en apoyo de los perjudicados, coordinar la asistencia y evitar el uso partidista de las víctimas. Ahora, tiene por delante seis meses de trabajo durante los cuales redactará un informe con las reclamaciones, que propiciará un debate parlamentario en el Congreso.

Según José Alcaraz, en la asociación que preside, la AVT, se trabaja ya en la redacción del informe requerido por Peces-Barba, mientras que la Asociación del 11-M ya ha entregado todas sus necesidades. Los enfoques coinciden en algunos puntos pero difieren en otros, ya que la AVT (3.000 afiliados) trabaja por los derechos de todas las víctimas del terrorismo y la Asociación de Afectados del 11-M (480 afiliados) agrupa sólo a los afectados por los atentados en los trenes.

El nombramiento del alto comisionado ha sido recibido de manera dispar. En opinión de Alcaraz, esa figura no era necesaria. "Ya teníamos una oficina que se ocupaba de estos temas en el Ministerio del Interior, que lleva muchísimos años trabajando directamente con las víctimas. Ahora tendremos que empezar de cero", asegura.

Por contra, en la asociación que agrupa a los afectados por la masacre del 11-M se declaran ilusionados con el nombramiento de Peces-Barba. Su presidente interino, Jesús Ramírez, apuesta por esperar y ver si se cumplen las expectativas. "Tendremos reuniones periódicas, y Peces-Barba se puso totalmente a nuestra disposición". Las principales necesidades expuestas son las siguientes:

AFECTADOS DEL 11-M

Mejor atención sanitaria

- Rectificación de las deficiencias en la atención sanitaria a los heridos y afectados, sobre todo en determinadas especialidades en las que existe mayor demanda debido a las secuelas provocadas por los atentados de Madrid (otorrinos y traumatólogos).

- Evitar la duplicación de expedientes a través de una mayor coordinación entre los diversos organismos del Estado. "Que no tengamos que ir de ventanilla en ventanilla explicando lo que nos sucedió".

- Mejora de la atención psicológica a las personas que siguen acudiendo para pedir ayuda, porque no se habían atrevido a hacerlo hasta ahora.

- Creación de una oficina única de atención a los inmigrantes afectados, con un equipo de traductores, que les ayude a realizar todos los trámites.

- Creación de un gabinete jurídico para asesorar a las afectados por los atentados terroristas.

- Informe sobre el estado real de los heridos.

- Prohibir la difusión de imágenes que atenten contra la dignidad de las víctimas y lesionen la sensibilidad de las familias.

- Cesión de un local apropiado en el que los afectados puedan reunirse y dialogar.

- Cambio legal para que los menores implicados en actos terroristas cumplan penas de cárcel.

- Ayuda a los estudiantes afectados y cursos de readaptación de los heridos a su puesto laboral o a otros empleos.

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Agilizar los trámites

- Creación de una oficina única que ayude a agilizar todos los trámites administrativos. Un organismo que coordine la actuación de las entidades y ministerios implicados de alguna forma en los trámites necesarios.

- Ampliación del plazo que establece la Ley de Solidaridad para que las víctimas soliciten una indemnización. "Cuando se aprobó la ley, muchas personas afectadas por actos terroristas en los últimos 30 años no tuvieron conocimiento de su derecho a recibir esa compensación".

- Que todos los cauces de ayuda a los afectados vayan en la línea de insertarles nuevamente en la vida cotidiana, y no sólo del compadecimiento.

- Retirada de la orden ministerial de reparto de donaciones para las víctimas, por la que el Ministerio de Trabajo pretende crear una unidad administradora de los 11 millones de euros de donaciones para los afectados del 11-M. "El reparto debe hacerlo el Ministerio del Interior e ir destinado sólo a las víctimas directas, porque la figura del afectado es muy vaga".

- Para evitar esas ambigüedades se propone que se legisle sobre la figura del afectado, definiendo sus derechos claramente. - Mejorar la asistencia sanitaria y psicológica a personas que han sufrido atentados.

- Impedir la difusión de imágenes y contenidos que atenten contra la dignidad de las víctimas y la sensibilidad de los afectados, familiares o allegados.

- Seguir luchando por la memoria y dignidad de quienes han sufrido la violencia terrorista para que no se olviden y se haga justicia.