Rajoy exige al Ejecutivo que acuda ya al Constitucional

El líder del PP, Mariano Rajoy, exigió ayer al Gobierno que impugne de inmediato ante el Tribunal Constitucional el plan Ibarretxe, ahora que ya ha sido aprobado en el Parlamento vasco. Rajoy sostuvo que el PP no tiene potestad para impugnar el plan, ya que el artículo 161.2 de la Constitución sólo le otorga esa facultad al Gobierno. Ese artículo fue el que utilizó el Ejecutivo presidido por Aznar para impugnar, sin éxito, la tramitación del plan en la Cámara vasca.

El artículo 162 de la Constitución señala que "están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas". El PP sostiene que este artículo se refiere "a las normas de rango nacional", y el plan Ibarretxe no lo es. El artículo 161 habla de "leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley", y ésta, según expertos, no la tiene, al no estar aprobada por las Cortes.

Además del debate político sobre la oportunidad de acudir ahora al Constitucional en vez de esperar a que el Congreso rechaze el plan, también se produce un debate jurídico. El PSOE sostiene que si se recurriera al Constitucional sucedería lo mismo que en abril de 2004, cuando este tribunal, por siete votos contra cinco, decidió no admitir la impugnación del plan, entonces sólo una propuesta, que había presentado el Gobierno del PP.

Argumentos vigentes

Los argumentos que entonces señaló el Constitucional siguen vigentes, según el secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, porque la norma aún no tiene vigor, ya que no ha sido refrendada por el Congreso y no tiene, por tanto, ninguna validez. En abril de 2004, el Constitucional señaló, al inadmitir la impugnación: "La propuesta del Ejecutivo vasco no es capaz de otro efecto que el de dar inicio a un debate parlamentario".

El PSOE sostiene que eso es lo mismo que se produce ahora, aunque el debate parlamentario, en vez de ser en la Cámara vasca es en el Congreso. El PP, en cambio, asegura que entonces se rechazó porque no tenía efectos jurídicos y ahora sí los tiene, porque obliga a otra cámara, al Congreso, a reunirse para discutirlo. La resolución del Constitucional también contemplaba la actual situación. "Sin descartar", decía, "la posibilidad de que, superada con éxito la tramitación parlamentaria en la propia Cámara, la propuesta de reforma del Estatuto no prospere en el Congreso". "En consecuencia, todo posible juicio es, inevitablemente, prematuro", concluía el Tribunal Constitucional.