Año de reformas

El resultado de la doble consulta electoral de la pasada primavera ha abierto un tiempo de reformas de una amplitud e intensidad extraordinarias. Antes del 14-M el sistema político español estaba bloqueado en todos sus niveles: europeo, nacional y autonómico. La Constitución europea había salido de la agenda política como consecuencia de la negativa de José María Aznar a que se revisara el Tratado de Niza. La reforma de la Constitución era anatematizada como si de romper las reglas del juego se tratara. Y la reforma de los estatutos de autonomía se rechazaba como entreguismo a los nacionalistas. De no haberse producido el cambio en el Gobierno de España, es prácticamente seguro que no se habría aprobado el proyecto de Constitución europea y no estaríamos, por tanto, inmersos en el proceso de ratificación de la misma. Y por supuesto no estaríamos hablando de reforma de la Constitución y de los estatutos (por hablar simplemente de la reformas de naturaleza constitucional).

Las carambolas se van a tener que hacer necesariamente a tres bandas. Mejor es que nos vayamos preparando

Pero el caso es que el cambio de Gobierno se produjo y que el impulso reformador se está expresando con intensidad y de forma múltiple. En poco tiempo es prácticamente seguro que nos vamos a mover en un marco europeo distinto de aquel en que nos hemos movido desde hace casi 20 años y que nos vamos a ver inmersos en un proceso negociador constitucional y estatutario, del que resultará no una nueva configuración de la estructura del Estado, pero sí cambios significativos en la que ahora mismo tenemos. Todos los entes territoriales dotados de poder político propio, como son las comunidades autónomas en general y la nuestra en particular, tienen que prepararse para hacer frente a esta nueva realidad.

En lo que a la adaptación al nuevo marco constitucional europeo se refiere, el margen de maniobra del que disponen las regiones es muy reducido. Los sujetos del proceso constituyente europeo son los Estados y el fundamento de la legitimidad de la nueva Unión Europea se hace descansar en dichos Estados y en "los pueblos" de cada uno de esos 25 Estados. Para la Constitución europea existe el pueblo español o alemán, pero no el pueblo vasco o bávaro. En lo que toca al fundamento de la legitimidad del sistema político europeo no hay diferencia alguna con el sistema político español. Para la Constitución europea el único pueblo que existe en España es el pueblo español. Exactamente igual que para la Constitución española. No hay, pues, ningún vínculo directo entre la Constitución europea y las unidades subcentrales de descentralización política que puedan haber reconocido las constituciones de algunos Estados miembros. Sí hay el reconocimiento por parte de la Constitución europea de esa realidad descentralizadora en tales Estados, pero sin que de tal reconocimiento pueda derivarse un protagonismo constituyente a favor de las regiones. Andalucía en cuanto tal no puede tener protagonismo en el proceso constituyente europeo. Los ciudadanos andaluces en cuanto ciudadanos españoles sí lo tenemos. El 20 de febrero veremos con qué intensidad estamos dispuestos a ejercer ese protagonismo.

Esta es una de las razones, tal vez la principal, por la que resulta tan difícil que nos sintamos directamente implicados en el proceso constituyente europeo. El salto entre el lugar de nuestro ejercicio usual del derecho de participación política y el que ahora se nos propone es tan grande que no es fácil ubicarse. Y sin embargo, lo que nos estamos jugando es mucho. En Andalucía todavía algo más que en la mayor parte de las demás comunidades autónomas. En todo caso, no menos que lo que nos vamos a jugar con las reformas constitucional y estatutaria, que sí nos apasionan.

Ambas se han complicado como consecuencia de la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco el pasado 30 de diciembre. Parece lógico pensar que el debate constitucional en los primeros meses de 2005 va a estar dominado por la reacción que inevitablemente se tiene que producir ante la iniciativa parlamentaria vasca. Entre otras cosas porque las elecciones autonómicas tienen que celebrarse en esa comunidad en el mes de mayo y, en consecuencia, en el debate va a haber un componente plebiscitario que no puede dejar de incidir en el mismo.

El resultado de ese debate va a ser decisivo para la confirmación o la revisión en profundidad (no la simple reforma) de la estructura del Estado. En ese debate se van a jugar en buena medida las posibilidades de reforma de la Constitución española y los límites de las reformas estatutarias. En consecuencia, no es sólo el País Vasco el que se está jugando mucho en este envite, sino que somos todas las comunidades autónomas sin excepción las que nos vemos afectadas por la iniciativa parlamentaria vasca.

Es posible que la mayor parte de los lectores hubiera preferido que el debate sobre la reforma constitucional en los términos en que lo ha planteado el presidente del Gobierno hubiera precedido al debate sobre la reforma estatutaria, de tal manera que se hubiera perfeccionado la estructura del Estado constitucionalmente definida, especialmente mediante la reforma del Senado, y que después se hubiera producido el ajuste a dicha estructura perfeccionada de las comunidades autónomas. Así debería haberse podido hacer. Pero los hombres, como decía Carlos Marx, hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad. Y en este caso, todas las reformas se nos vienen encima de una manera simultánea. Las carambolas se van a tener que hacer necesariamente a tres bandas. Mejor es que nos vayamos preparando para ello, porque no está en nuestras manos evitarlo.