Vizcaya desiste de mantener el pleito por la construcción de 97 pisos en un área protegida

La Diputación de Vizcaya acepta la resolución del Tribunal Superior vasco que considera ilegal la recalificación de 19 hectáreas para construir 97 viviendas en un área protegida en la localidad vizcaína de Barrika. La institución foral, que recibió un varapalo urbanístico del Superior, ha decidido no recurrir el fallo dictado hace un mes. Esta decisión deja en el aire esta promoción, ya con algunos chalets concluidos, que podrían ser demolidos. Tanto los promotores de las viviendas como el Ayuntamiento de Barrika han declinado comentar la sentencia.

El colectivo ecologista Txipio Bai, que ha visto aceptada su demanda judicial, consideró hace tres años que en Barrika podría surgir un nuevo caso Argoños, en alusión a las sentencias que han obligado a derribar varios chalets, mayoritariamente propiedad de vizcaínos, en ese municipio de Cantabria. Entonces aún no se había edificado ninguna vivienda.

El fallo del Superior considera ilegales las dos órdenes de la Diputación que en 2001 recalificaron los terrenos en la zona conocida como Barrikabaso, al borde de la costa, que estaban catalogados como suelos no urbanizables de especial protección. El máximo tribunal vasco, que ya anuló esta operación urbanística hace tres años por un defecto formal, entra en el fondo del asunto y sentencia que las edificaciones "no justifican el sacrificio de un área de alto valor paisajístico" y califica de "arbitraria" la modificación del planeamiento aprobada por la Diputación.

Un portavoz de la institución foral señaló a este diario que no se presentará recurso alguno al Tribunal Supremo, la última instancia judicial que puede abordar ya el caso, sin realizar más valoraciones sobre ello. El diputado general José Luis Bilbao aseguró el pasado miércoles que desconocía el contenido de la sentencia, pero que, como en otros fallos, la Diputación "acata la sentencia".

La institución vizcaína ha sido desautorizada en este asunto por dos veces por parte del Tribunal Superior. La primera fue en marzo de 2001, cuando una sentencia declaró "nula de pleno derecho" la recalificación de las 19 hectáreas de Barrika al estudiar el primero de los ocho motivos impugnados por la asociación Txipio Bai. Ante ello, la Diputación resolvió el defecto formal (la reclasificación no había sido aprobada por el órgano competente del Gobierno) en sólo un mes con gran premura. La orden foral ahora impugnada salió publicada en el Boletín Oficial al día siguiente de ser aprobada por el Ejecutivo vasco.

La modificación fue aceptada por el Tribunal Superior vasco, que dio luz verde a la nueva recalificación aprobada por la Diputación y a la construcción de los inmuebles, un total de 85 chalets y 12 viviendas de protección oficial.

Silencio del alcalde

Tras el fallo del pasado 29 de noviembre y el anuncio de la Diputación -la principal institución demandada- de que no presentará recurso, queda la incógnita de la postura de los otros demandados: el Ayuntamiento de Barrika y las promotoras Abandonada Muriola y Arne Muriola.

El alcalde de Barrika, el peneuvista José María Ezpeleta que gobierna con mayoría absoluta, eludió valorar la polémica suscitada. "Con los periodistas no quiero hablar ni un minuto", se limitó a afirmar por teléfono a este diario. Un portavoz de las promotoras aseguró también que no iban a realizar ningún comentario.

La otra interrogante es qué sucederá con la promoción urbanística, en obras desde hace dos años y con una decena de chalets ya concluidos, algunos incluso que suelen ser habitados. Txipio Bai ya advirtió hace dos años a los interesados en adquirir parcelas en esta área de los problemas que se podrían suscitar en un asunto que se encontraba sub iudice.

Barrikabaso es un espacio de 65 hectáreas propiedad de la familia Lezama-Leguizamón, una de las más pudientes de Vizcaya, que desde 1987 ha intentado edificar en ella. Entonces se proponía la construcción de 349 chalets. El proyecto ahora considerado ilegal abarca sólo a los dos extremos de este solar, una tentativa que, según los ecologistas, pretendía ser un paso para la posterior urbanización de las 65 hectáreas.

Los proyectos urbanísticos han contado siempre con el rechazo de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que en varios informes ha asegurado que en "evitación de daños ambientales irreparables" se debe mantener la calificación de alta protección.