El Reino Unido abre al público mundial la información de 100.000 organismos oficiales

El Reino Unido abrirá al público de todo el mundo la información que manejan más de 100.000 autoridades públicas. Desde ministerios a escuelas, hospitales, la policía, parte del Ejército o los parlamentos y asambleas regionales estarán obligados a facilitar por un coste irrelevante las informaciones requeridas por cualquier persona, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia, cuando el 1 de enero próximo entre en vigor la Ley de Libertad de Información. La diplomacia y la seguridad nacional, entre otras áreas, quedan fuera del ámbito de la nueva ley.

Además de esa ley, conocida por sus siglas inglesas FOI (Freedom of Information Act), entrarán también en vigor las Regulaciones sobre Información Medioambiental (EIR, siglas de Environmental Information Regulations), que adopta una directiva de la Unión Europea, y diversas enmiendas a la ley de protección de datos.

La EIR otorga más poder a los ciudadanos para obtener información sobre contaminación, conservacionismo, el medio ambiente natural, el uso de la tierra, la construcción de carreteras, los organismos genéticamente modificados, contaminación alimentaria, etcétera. La información requerida en aplicación de esta ley se puede pedir no sólo por escrito, sino también oralmente, y se debe suministrar de manera completamente gratuita.

Las enmiendas a la ley de protección de datos refuerzan los derechos de los ciudadanos a acceder a los datos que sobre ellos poseen las autoridades públicas, pero no el sector privado. Con la actual ley se puede acceder ya a los datos personales almacenados por las autoridades, pero sólo si la información está almacenada de manera sistemática y su acceso es fácil. Las enmiendas que entran en vigor en Año Nuevo amplían ese derecho a los datos desestructurados.

Pero la gran revolución, y quizá el caos durante algunas semanas o meses, lo representa la entrada en vigor de la FOI, que convierte la excepción en norma: la información que manejan las autoridades será ahora pública por definición y sólo podrá ser negada en casos excepcionales, aunque la lista de excepciones no es corta e incluye de manera sistemática los datos que afectan a la seguridad nacional, diplomacia, ciertos tribunales, las comunicaciones del Gobierno o las fuerzas especiales del Ejército, por ejemplo.

La Ley de Libertad de Información fue aprobada por el Parlamento en el año 2000, pero se decidió retrasar su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2005 para que la Administración pudiera prepararse.

Destrucción de documentos

Desde entonces hasta ahora ha aumentado de manera espectacular la destrucción de documentos en algunos ministerios, lo que ha sido interpretado por la oposición como una campaña sistemática destinada a la destrucción de cientos de miles de secretos para evitar que lleguen a manos del público. El Gobierno ha desmentido esa interpretación enfatizada de que sólo algunos ministerios (como Defensa, Industria, Trabajo o Asuntos Rurales) destruyen ahora más documentos que cuatro o cinco años atrás.

A partir del 1 de enero será delito destruir documentos que ya hayan sido reclamados por el público. Cualquier ciudadano puede pedir un documento dirigiéndose por escrito al organismo que desee, bien sea por carta, fax o correo electrónico. Basta con que dé su nombre y una dirección. No tiene que dar explicaciones de por qué solicita esa información ni especificar que se acoge a la nueva ley.

Las peticiones se pueden dirigir a cualquier autoridad pública que forme parte del Gobierno central o local, el sector sanitario, la policía y las fuerzas armadas, el sector educativo y otros organismos públicos de Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte. Escocia posee su propia normativa, que también entra en vigor el 1 de enero de 2005. Se estima que unas 100.000 autoridades públicas quedarán sometidas a la nueva ley, incluyendo escuelas, hospitales, médicos de cabecera, ministerios, comisarías de policía, etcétera. El organismo público está obligado a remitir esa información aunque no sea directamente responsable de la misma: basta que la tenga, aunque sea una simple copia de información correspondiente a otros organismos. La ley especifica que la respuesta se debe dar "con prontitud", en un plazo que no supere los 20 días, aunque podrá ampliarse por causas razonables y sea conveniente para el interés público.

El coste para el consumidor será muy bajo: deberá abonar los costes de las fotocopias, impresión y envío de los datos. Pero la Administración podrá negarse a dar una respuesta cuando los costes de encontrarla superen las 600 libras (unos 900 euros), equivalentes a tres días y medio de trabajo. Para los otros cuerpos, el límite de gasto por pregunta se establece en 450 libras o dos días y medio de trabajo.