Oportunidad perdida

La Directiva de Defensa Nacional, que el presidente del Gobierno tiene previsto firmar el jueves, es el documento que define las líneas estratégicas de la política de defensa del Ejecutivo para toda la legislatura. Es un instrumento básico, porque de él se deriva con posterioridad toda la planificación militar.

El ministro de Defensa ha informado al Parlamento del contenido de la directiva, que ya se conocía a través de los medios de comunicación. La principal conclusión que puede extraerse es que no responde a la gravedad de las amenazas que acechan hoy a la seguridad de España.

La Directiva de 1992 impuso como gran novedad las misiones de paz como tarea fundamental de nuestras Fuerzas Armadas. Por su parte, la Directiva de 1996 incluyó dos cambios trascendentes: la plena profesionalización de los ejércitos y la integración de nuestro país en la estructura militar de la OTAN. La última, aprobada en 2000, incidía en el papel de las Fuerzas Armadas como instrumento de la política exterior.

Tras el 11-M, los españoles merecen una defensa más ambiciosa y menos demagógica

La Directiva de Defensa ahora presentada contiene dos supuestas novedades: un respeto escrupuloso a la legalidad internacional y la autorización del Parlamento para cualquier nueva misión militar en el exterior. El problema es que ambos principios se transforman en el desarrollo del texto en dos falsedades. Es más, el único norte que parece guiar la política de defensa del Gobierno actual es seguir explotando electoralmente la guerra de Irak.

El Gobierno ha insistido de forma reiterada en declarar ilegal la guerra de Irak y, por ende, el posterior envío de tropas españolas a ese país, argumentando que no contó con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El compromiso que se deriva de esa denuncia es que España no participará en el futuro en ninguna operación que no tenga el beneplácito expreso de la ONU.

Pues bien, el proyecto de directiva contradice este principio al afirmar que la actuación de las Fuerzas Armadas en el exterior requerirá "que exista una decisión previa de Naciones Unidas u otra organización multinacional de la que España forma parte". Es decir, nuestros ejércitos podrán participar en misiones de la UE o la OTAN sin requerir necesariamente la aprobación de la ONU.

En segundo término, la pretendida exigencia de autorización previa del Parlamento para el envío de tropas al extranjero se transforma en la directiva en una mera "participación activa" del mismo. El secretario de Estado de Defensa explicó además en el Senado que en determinados supuestos dicha "participación" no podrá ser, por razón de tiempo, sobre la misión en concreto, sino sobre la disponibilidad de la fuerza.

El ministro, por su parte, matizó que habrá excepciones para las misiones humanitarias, de defensa de la soberanía y otras que pueda prever la ley. En todos esos casos, el Parlamento se pronunciará a posteriori. Esta imposibilidad viene además inducida por los propios compromisos militares que está asumiendo el actual Gobierno en el seno de la Unión Europea y de la OTAN. Por tanto, según la nueva doctrina, el primer contingente de tropas españolas en Irak, en misión humanitaria según el criterio del Gobierno que las envió, se podrían haber desplegado sin autorización del Parlamento.

No es lo más grave, sin embargo, las contradicciones entre la Directiva y las falsas promesas del PSOE. Lo peor es que en el texto no se da respuesta a los desafíos a la seguridad a los que nos enfrentamos. La Directiva señala, por un lado, algunas obviedades como nuestra pertenencia a la UE o a la OTAN, nuestra ubicación en el Mediterráneo o nuestra relación especial con Iberoamérica. Pero más allá de eso, no da criterio alguno sobre el nivel de ambición militar de nuestro país, sobre la necesaria reforma del modelo de Fuerzas Armadas o sobre las nuevas misiones que deben asumir los ejércitos en la lucha contra el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras nuevas amenazas.

Por el contrario, la Directiva se limita a enumerar una serie de acciones concretas, en el más estricto ámbito militar, que en la mayor parte de los casos ya están en marcha.

El Gobierno ha introducido también dos novedades en el trámite de elaboración del documento. La primera es que la Directiva fue debatida en el seno de la Junta de Jefes de Estado Mayor y no en la Junta de Defensa Nacional como hubiera sido legalmente preceptivo y políticamente aconsejable. La segunda es que con su presentación anticipada a las Cortes, el ministro ha pretendido hacer una directiva por consenso.

Este intento, discutible desde la perspectiva del reparto de responsabilidades entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha visto frustrado en todo caso porque resulta realmente difícil alcanzar un acuerdo sobre un documento que el ministro ni siquiera tuvo la deferencia de remitir previamente.

Puede argumentarse que ese carácter prescindible estaba también en las directivas anteriores. Pero hay dos realidades que lo hacen injustificable en este caso. La primera es que el proyecto actual carece incluso del sentido estratégico que tenían las anteriores. Las supuestas novedades de legalidad internacional y consulta parlamentaria ni son nuevas ni consisten en otra cosa que en una falsedad con la que se pretende seguir atacando al Gobierno anterior. La segunda realidad es que este país fue brutalmente atacado por el terrorismo yihadista el pasado 11 de marzo. Tras ese terrible atentado, los españoles aspiran y merecen una Defensa Nacional más ambiciosa, más innovadora y menos demagógica que la que se refleja en el proyecto presentado.

Ignacio Cosidó es senador por Palencia y portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Defensa del Senado.