Por una retribución digna

La revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) en el año 2004 es una de las medidas más importantes tomadas hasta ahora por el Gobierno socialista, tanto por su incidencia real en la vida de los ciudadanos como por ser una señal muy significativa del rumbo social emprendido por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La prioridad que ha supuesto la subida del SMI en la acción gubernamental, junto con la aprobación de las primeras leyes de contenido social y el diálogo abierto con los sindicatos, es buena prueba de ello. Pero, además, el aumento del salario mínimo el pasado 1 de julio -pasando de 460,50 euros al mes a 490,80- ha supuesto recuperar de una sola vez el poder adquisitivo y de compra perdido en la última década, siendo este incremento del 6,6%, el mayor desde 1990 y, sumado al 2% de enero de 2004, el más alto (8,6%) desde 1983.

"La revalorización es el primer paso para alcanzar los 600 euros al final de la legislatura"

Esta revalorización ha sido el primer paso para llegar a alcanzar al final de la legislatura los 600 euros mensuales asumidos en el programa electoral del PSOE, que aproximan el objetivo de que el SMI llegue a ser el 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea. La dignificación del salario mínimo es una constante reivindicación desde hace muchos años de UGT, y de UGT-Madrid, por tratarse de una renta laboral básica que afecta a un muy importante número de trabajadores no amparados por una negociación colectiva adecuada y suficiente. Fue precisamente la iniciativa de la Unión General de Trabajadores la que llevó a que el partido socialista, tras una reunión de las comisiones ejecutivas de ambas organizaciones, a que hiciera suyo en el programa electoral el compromiso ineludible de elevar paulatinamente la cuantía del SMI a lo largo de los próximos cuatro años hasta los mencionados 600 euros al mes.

Por otra parte, se ha creado un nuevo indicador, el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), para que sea la referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, que hasta ahora estaban vinculados al SMI, el cual queda hoy especialmente revalorizado como garantía salarial mínima de todos los trabajadores. Sorprenden, en consecuencia, las críticas de determinados sectores patronales ante esta nueva situación y por unos incrementos salariales que son de estricta justicia, precisamente porque aspiran a cumplir de forma gradual las recomendaciones de la Unión Europea, a dar mayor valor al factor trabajo y a integrar y vertebrar a la sociedad española, circunstancias todas ellas imprescindibles para nuestro desarrollo y progreso social y económico. Y, desde luego, para UGT es consideración primera y fundamental de toda su acción estratégica tener en cuenta siempre los niveles de vida -o de subsistencia, en su caso- de los perceptores del salario mínimo interprofesional y del resto de los asalariados. No perder nunca de vista estas situaciones es una obligación para nosotros, la razón de ser del sindicato y nuestra mejor seña de identidad.

En nuestra Comunidad son cerca de 400.000 personas, según las estimaciones de UGT-Madrid, las que se ven afectadas por el SMI, sumando empleados de hogar, trabajadores con discapacidad que prestan servicios en los centros especiales de empleo, trabajadores acogidos a indemnizaciones del Fondo Garantía Salarial (Fogasa), trabajadores con contratos temporales de inserción, trabajadores con contratos para la formación y, aproximadamente, un 11% de los más de millón y medio de asalariados del sector servicios, que es el ámbito donde hay una mayor concentración de perceptores del salario mínimo. Por añadidura, al seguir siendo la referencia para el acceso al subsidio por desempleo, a la renta activa de inserción, a la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid y a las prestaciones contributivas de los trabajadores cuyo salario es el propio SMI, la subida de su cuantía hace aumentar automáticamente el número de los posibles perceptores de este tipo de prestaciones, ahora alrededor de 60.000 en la región madrileña.

Resulta evidente, por tanto, la absoluta necesidad de la dignificación del SMI y de las demás rentas salariales, lo cual exige la continuidad del trabajo emprendido en 2004 con esta primera revalorización. En este sentido el salario mínimo tiene que ganar poder adquisitivo todos los años de la legislatura para así cumplir debidamente con el derecho constitucional del trabajador a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, teniendo en cuenta, claro está, la propia evolución de la economía española y su efecto sobre el empleo. De igual modo el IPREM debe consolidar su función como referente para acceder a determinadas prestaciones y, en algunos casos, para determinar su cuantía, lo que exigirá mantener ésta en un nivel digno, sobre todo en las prestaciones por desempleo, contemplando el objetivo de inflación fijado por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. Y, por otra parte, la modificación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, igualmente asumida en el diálogo social, debe asentar las nuevas bases del SMI, evitar que se vuelvan a producir pérdidas de su poder adquisitivo y sustanciar una redefinición de los criterios para su determinación y para poder prevenir su revisión anual.

Para llevar a cabo estas líneas de actuación y conseguir los objetivos propuestos, UGT va a continuar, con decisión y firmeza, la tarea iniciada, por cuanto se trata de una conquista sindical y social importantísima que afecta a miles de asalariados, en especial a jóvenes y mujeres. Esta profunda reforma de la cuantía y del alcance del SMI, en la que estamos comprometidos, va a contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores españoles y madrileños y también a la de la propia capacidad del sistema productivo en su conjunto.

José Ricardo Martínez Castro es secretario general de UGT-Madrid