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La liberalización del ferrocarril pone fin a 63 años de monopolio de Renfe

Las empresas rivales podrán pedir una licencia para transportar mercancías desde el 1 de enero

La liberalización del sector ferroviario pondrá fin esta semana a seis décadas de monopolio de Renfe. Esta compañía desaparecerá como tal el 1 de enero para escindirse en dos entidades que seguirán siendo públicas: el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que gestionará las vías, y la nueva Renfe-Operadora, que se convertirá en un mero transportista de mercancías y viajeros que competirá con otras empresas. Sus rivales podrán pedir de inmediato al Gobierno una licencia para operar en el negocio de la carga. El transporte de pasajeros no se liberalizará hasta 2010.

Renfe está a punto de vivir la mayor transformación de sus 63 años de historia. El Gobierno tiene previsto dar el visto bueno este jueves, en el último Consejo de Ministros del año, a dos reales decretos con los estatutos del Adif y Renfe-Operadora, que entrarán en vigor el 31 de diciembre salvo cambios de última hora. Su aprobación supondrá la puesta en marcha de la Ley del Sector Ferroviario, que estaba prevista para el 18 de mayo pasado, pero que el Ministerio de Fomento aplazó tras la victoria electoral del PSOE en marzo.

La del ferrocarril es la última gran liberalización pendiente en España, donde ya se han abierto a la competencia sectores tan importantes como el eléctrico, el de la telefonía o el postal. Los primeros ejercicios económicos de ambas empresas ferroviarias "comenzarán a contarse desde el día siguiente" a la entrada en vigor de los decretos y "finalizarán el 31 de diciembre de 2005", según los borradores de los estatutos.

La apertura del tren comenzará el primer día de 2005 con la fusión de Renfe y el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (ahora gestiona las líneas de alta velocidad) para constituir el Adif. Después, de esta sociedad se segregará la nueva Renfe-Operadora. Este proceso repartirá a los 32.000 trabajadores de Renfe y supondrá un trasvase de activos entre las nuevas sociedades por 7.000 millones de euros.

Renfe tendrá en propiedad tanto los trenes como los talleres de mantenimiento, donde trabajan 5.000 empleados. La nueva compañía tendrá asignados activos por 2.300 millones (básicamente, material rodante) y unos 16.000 trabajadores. El resto de trabajadores pasará al Adif, que nacerá con compromisos de inversión de 22.000 millones hasta 2010. Esta entidad pública empresarial se encargará de construir y mantener las líneas y las estaciones; se ocupará de la gestión del tráfico ferroviario y, según el borrador de su estatuto, no podrá subcontratar "las funciones inherentes a la gestión del sistema de control, de circulación y de seguridad".

Un 'peaje' más reducido

El Adif otorgará los permisos de ocupación de la vía a las diferentes empresas, incluida Renfe, que deberán pagar una tasa por su uso. Fuentes sindicales aseguran que el canon anual que pagará Renfe será muy inferior a la cifra que se barajaba con el anterior Gobierno, que era de unos 400 millones de euros.

El poder del Adif, que dependerá de Fomento, será enorme. Pero mayor lo será su patrimonio: 10.000 kilómetros de vías de la red estatal y cientos de estaciones, casi todas en el centro de las ciudades. Esta empresa dispondrá de un plazo de dos años para realizar un inventario completo, revisable cada año, de todas sus propiedades, según consta en el borrador del estatuto del Adif.

En este nuevo marco liberalizador, la ley crea un organismo, el Comité de Regulación Ferroviaria, adscrito a Fomento, que se encargará de que los servicios se presten en condiciones transparentes y no discriminatorias. Básicamente, vigilará la aplicación de los cánones y ejercerá como árbitro para resolver los conflictos entre el Adif y las empresas. Mientras, el Comité de Coordinación de Actividades Ferroviarias solucionará los conflictos operativos dentro del sistema.

Pese a los temores que ha suscitado la liberalización, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha asegurado que la apertura no se traducirá en la privatización del Adif ni de Renfe. Los sindicatos ven los cambios con preocupación y cautela. "Creemos que el modelo no está muy definido", advierten en CC OO. Pero la decisión del Gobierno de que el Estado asuma el 80% de la deuda de Renfe (ahora en sólo 1.379 millones) ha despejado muchas dudas sobre su viabilidad.

La representación mayoritaria del Comité de Empresa (CC OO, UGT y Sindicato Ferroviario) y la dirección de Renfe alcanzaron el viernes un principio de acuerdo para el convenio que regulará las condiciones laborales de la nueva Renfe y el Adif. La firma definitiva podría producirse este miércoles, según UGT.

La iniciativa privada, a la expectativa

El primer ferrocarril español no entró en funcionamiento hasta 1837, y lo hizo en La Habana (Cuba). Desde entonces y hasta la llegada del monopolio de Renfe (24 de enero de 1941), las empresas privadas competían en un mercado totalmente liberalizado.

Las grandes compañías empezaron a surgir a mediados del siglo XIX. Los dos principales grupos fueron de capital francés: la Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) -auspiciada por los Rothschild, la sociedad de crédito francesa Gran Central y el marqués de Salamanca- y la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, de la mano de la familia francesa Pereire. Pero la crisis económica y la Guerra Civil provocaron la ruina total del sector y así nació Renfe, que agrupó toda la red estatal (salvo los ferrocarriles de vía estrecha) para reconstruirla.

Tras seis décadas de monopolio, la situación vuelve a cambiar. Las compañías que aspiran a competir en el nuevo mercado liberalizado se preparan para su debú, aunque no se aprecia tanto entusiasmo como en otros sectores (cuando en 1998 se liberalizó el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo).

Lo cierto es que algunas compañías han expresado en algún momento su interés por competir con Renfe, como Alsa, ACS, FCC, Acciona, Auto Res, Tecsa, Comsa, Semat, Tramesa, Ivexa, Arriva, Portransa y Sestri. Se mantienen a la expectativa.

Muy claro lo tiene Transfesa. Este grupo, que transporta mercancías, está obligado ahora a contratar con las ferroviarias estatales la tracción para hacer llegar sus vagones. Con la liberalización podrá operar con sus propias máquinas y maquinistas. Así que solicitará el 3 de enero una licencia para poder operar cuanto antes.

Todas las compañías deberán pedir a Fomento una licencia y el Adif creará un registro telemático especial para las solicitudes, según su estatuto. No habrá excepción para Renfe, que tendrá seis meses de plazo a partir del 1 de enero para pedir ese mismo permiso.

El modelo español es muy similar al de Suecia. En 2001 había unos 25 operadores de mercancías en ese país. Uno de ellos es Ikea Rail, propiedad de la popular cadena de muebles, que controla cerca del 20% de la cuota del mercado de cargas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de diciembre de 2004

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