El TSJA recuerda que es delito incumplir órdenes de suspender obras

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) de Andalucía ha dictado en el último mes al menos tres providencias en las que avisa a tres promotores que no han cumplido la orden judicial de paralización de obras que si mantienen su rebeldía pueden incurrir en un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. El TSJA ha conminado al Ayuntamiento a que suspenda las obras.

Durante el pasado mes de noviembre, las inspecciones de la Policía Urbanística del Litoral, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, comprobó que siete obras sobre las que el TSJA había dictado orden de suspensión cautelar, seguían en ejecución, anomalía de la que la Junta informó a la Fiscalía.

Al menos en tres de estos siete casos, el TSJA ha dictado providencias en las que advierte de las consecuencias penales de esta negativa a acatar los autos judiciales de paralización. Las providencias han sido comunicadas tanto a los promotores como al Ayuntamiento, a fin de que la Policía Local intervenga para detener las obras.

El tribunal requiere a promotores y Consistorio a que "efectúen la inmediata y efectiva paralización de las obras objeto del presente recurso, apercibiéndoles de que, en otro caso, podría incurrirse en responsabilidades penales por desobediencia a la autoridad judicial".

Estos tres casos afectan a una promoción de 29 viviendas de la promotora Stael que se realizan en un sector de suelo urbanizable no programado sin que se haya elaborado el pertinente documento para el desarrollo urbanístico de la zona, la misma circunstancia que se da en el caso de tres viviendas paralizadas a la comunidad de bienes Cristo de los Molinos.

El tercer caso es una licencia concedida a Apex 2000 para la construcción de sendas promociones de 368 y 23 viviendas en Elviria sur. Se da la circunstancia de que días atrás, el TSJA dictó un nuevo auto de paralización cautelar de otras obras de esta misma promotora, también en la zona de Elviria, en una parcela donde proyecta construir 110 viviendas con garaje y zona común, cuando el PGOU vigente solo permite un máximo de 47.

El TSJA dictó orden de paralización de estas obras porque las licencias municipales están recurridas judicialmente por la Junta porque vulneran los contenidos del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Esta medida cautelar tiene por objeto preservar los intereses generales de la ciudad y de los posibles compradores de las promociones en caso de que finalmente se dicte una sentencia de anulación de anulación de las licencias cuando las viviendas ya estén construidas y habitadas, como ya ocurre en numerosos casos en Marbella.

El delegado provincial de la consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, ha vuelto a pedir colaboración a la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, para restituir la legalidad urbanística en el municipio, y recuerda que el ayuntamiento tiene instrumentos suficientes para vigilar y hacer cumplir las órdenes de paralización incluso con el precintado de las obras si es preciso.

Según datos de la Junta, actualmente hay en Marbella 1.054 viviendas afectadas por órdenes de paralización del TSJA, quien fundamenta sus medidas cautelares en que la elevada cantidad de licencias impugnadas supondrían "una modificación del modelo de ciudad planificado en el PGOU".