Un Gobierno consolidado pese a los malos augurios

El principal logro del primer Gobierno de la izquierda catalana en 24 años de autonomía, que hoy cumple su primer aniversario es que, al cabo de un año, incluso la oposición le considera consolidado. Ahora parece una obviedad. Pero hace un año estaba muy extendida la creencia de que las contradicciones entre los tres partidos que lo integran lo harían estallar en poco tiempo.

Este Gobierno comenzó incumpliendo una de las promesas electorales de su presidente, Pasqual Maragall, la de introducir la paridad entre hombres y mujeres en su composición. Hubo inicialmente cuatro mujeres que representaban el 23,5% de sus 17 integrantes. La traumática salida del Gobierno del republicano Josep Lluís Carod cinco semanas después de constituido permitió una corrección al alza. Cinco mujeres, 29,4%. Lejos todavía del 40% mínimo para que se pueda hablar de paridad.

Una de las crisis más serias fue el relevo de Carod Rovira como consejero jefe

Al incumplimiento inicial siguió en pocas semanas la crisis que provocó la renuncia de Carod como consejero jefe, cargo equivalente a una vicepresidencia. Aquella primera crisis mostró con la claridad de un fogonazo de flash que los desafíos de este Gobierno iban a estar en la capacidad política de gestionar los embates de la oposición y del Gobierno del PP, en la capacidad de imponer su agenda, su estilo y sus objetivos, más que en la rutinaria gestión administrativa de los últimos gobiernos de Jordi Pujol.

Y así ha sido. Con una ayuda inesperada. Las elecciones legislativas del 14 de marzo eliminaron al Gobierno del PP que desde la crisis por la entrevista de Carod con ETA el presidente José María Aznar había convertido en adversario del tripartito.

No fue hasta principios de abril que el Gobierno tomó una medida que marcaba un cambio de rumbo en un asunto clave: la política escolar. En abril dictó el decreto de matriculaciones que pretende distribuir entre las escuelas públicas y las concertadas la recepción de alumnos procedentes de la inmigración. Para el curso 2004-2005 se crearon 665 aulas de acogida en primaria y secundaria para el alumnado inmigrante y una dotación de 2.200 profesores. Para el próximo curso se ha acordado ya convocar oposiciones a 3.680 plazas de maestros y profesores en primaria y secundaria. El Parlamento aprobó en junio la creación de 30.000 nuevas plazas de guardería a lo largo de la legislatura.

Luego ha habido algunas medidas también significativas de cambio de rumbo en políticas de incidencia social. En mayo se aprobó la denominada ley de barrios, que destinará 600 millones de euros a la rehabilitación urbanística de los núcleos urbanos degradados, que es donde suelen anidar conflictos relacionados con la inmigración. Y en julio se modificó la Ley de Urbanismo para introducir una reserva del 30% de viviendas protegidas en todas las promociones privadas. Un decreto firmado en diciembre determina la construcción a lo largo de la legislatura de 42.000 viviendas protegidas, la mitad de ellas destinadas a alquiler. Otro decreto destina 100 millones de euros a la rehabilitación de viviendas.

Algunas correcciones tomadas a lo largo del año van marcando diferencias de gestión con los 23 años de gobiernos de CiU. Se anunció en junio que no se autorizarían más campos de golf ni puertos deportivos, se decretó en mayo que a partir de 2005 no se podrá fumar en los centros de trabajo ni en los restaurantes, se tramitó a lo largo del otoño la modificación legislativa que permitirá adoptar hijos a las parejas homosexuales, se anuló en septiembre la prórroga de las concesiones a ITV a lo que en la práctica era un régimen de duopolio.

El tripartito trabajaba así para tomar su velocidad de crucero y al mismo tiempo dedicaba una atención especial al ámbito puramente político. Así ha impulsado una serie de procesos de largo alcance: la reforma del Estatuto de Autonomía, que se lleva a cabo en el ámbito parlamentario; la reforma urgente de la financiación de la sanidad pública; la creación de una eurorregión económica en el marco de la Unión Europea (UE) que comprende 15 millones de habitantes, formada por Aragón, Midi Pyrenées, Languedoc-Rosellón, Aragón, Islas Baleares y Cataluña y el pacto por la competitividad entre los agentes sociales.

Ayudado providencialmente por la victoria electoral del PSOE en marzo, Maragall se ha lanzado al mismo tiempo a romper con el modelo de relaciones Cataluña-España consolidado por Jordi Pujol y CiU durante las dos décadas largas de hegemonía del nacionalismo catalán. Ha perseguido un difícil equilibrio: sustituir el victimismo, la desconfianza respecto al Gobierno central por una implicación a fondo en lo que ha definido como la España plural, sin renunciar a objetivos del catalanismo que a menudo encuentran un fuerte rechazo. Como, por ejemplo, el retorno a la Generalitat de la documentación incautada por las tropas franquistas que permanece en Salamanca. O el reconocimiento internacional de selecciones deportivas catalanas.

La actuación en este ámbito se ha desarrollado sobre todo en el inasible espacio virtual de los símbolos y el delicado mundo de las propuestas institucionales y constitucionales: el tripartito apoya la reforma del Senado, es decir, de la Constitución, y ha anunciado que el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía incluirá propuestas que probablemente también requerirán reformas de la Carta Magna. Impulsa en paralelo el reconocimiento del idioma catalán como lengua cooficial fuera de Cataluña, en el Senado, en el Congreso y en la Unión Europea. Al mismo tiempo, apoya decididamente la creación de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas.

No sin crear polémicas con sus aliados o incomodidades en el PSOE, Maragall y su Gobierno han llevado a cabo en su primer año una serie de gestos que han ido mucho más allá de lo que solía ser la práctica de sus antecesores nacionalistas. El presidente Maragall ha participado en Madrid en la celebración de la Fiesta de la Hispanidad y pocos días después, el 15 de octubre ha iniciado en Barcelona junto con el Gobierno español la plena reivindicación de la figura de Lluís Companys, su antecesor fusilado por los franquistas en 1940.

El presupuesto de la Generalitat para 2005 aumenta las inversiones en un 65%, lo que indica un cambio de tendencia respecto a la etapa Pujol. Eleva la inversión pública hasta el 2,8% del PIB catalán casi el doble de los gobiernos de CiU. Pero el éxito del Gobierno de Maragall no está sólo en los cambios: en sólo un año ha hecho olvidar a Pujol. Ocupa su hueco.