La Inspección de Trabajo ha parado 200 obras en 2004 por infracción grave

Hay 32 controladores para 13.000 empresas

La Inspección Provincial de Trabajo ha parado 200 obras en la región entre enero y noviembre de 2004, según datos de la Consejería de Empleo y Mujer. Estas paralizaciones se deben a que los inspectores constataron infracciones graves o muy graves por no contar con las medidas de prevención de riesgos laborales previstas en la ley. Un total de 141 empleados en todos los sectores han muerto entre el 1 de enero y el 30 de noviembre pasados en sus puestos de trabajo o camino de ellos, según UGT.

Este informe señala que son las pequeñas empresas del sector de la construcción -aquellas que tienen menos de 50 trabajadores- en las que proporcionalmente se han descubierto más infracciones: 553 en 2.226 pequeñas obras hasta septiembre, el 25% del total.

El sector de la construcción emplea a unas 245.500 personas (el 10% de los trabajadores de la región) entre más de 13.000 empresas "grandes o de sólo dos o tres personas", según el director general de Trabajo, Javier Vallejo Santamaría. El control de este sector se convierte así en una tarea "muy complicada y difícil", admite Vallejo. Más aún si lo tienen que hacer sólo 32 inspectores, que deben ocuparse también de los demás sectores laborales.

Mejor, la multa

"El resultado es que, casi 10 años después de promulgarse la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, muchas empresas prefieren no gastar dinero para aplicar las medidas previstas, confiando en que no serán visitadas por ningún inspector", asegura Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT-Madrid. "Es más", continúa, "en caso de ser sancionadas, prefieren la multa porque así la recurren y en muchos casos ni la pagan".

A pesar de disponer de sólo 32 funcionarios para controlar más de 13.000 empresas, la Inspección de Trabajo efectuó 8.314 visitas a los tajos de la región entre enero y septiembre pasados. El resultado fue la paralización de 161 obras en construcción durante este periodo, cifra que se amplió a 200 hasta el pasado 30 de noviembre, según Javier Vallejo. En todas ellas había infracciones que entrañaban un riesgo "grave" o "muy grave" para los trabajadores, lo que viene acompañado de una sanción de alrededor de 600.000 euros.

La multa no disuade a las empresas, según UGT, especialmente a las pequeñas. Éstas recibieron 2.226 visitas cuando realizaban obras hasta el pasado 30 de septiembre. En 553 ocasiones los inspectores detectaron alguna infracción, casi el 25% de los casos frente al 19% de las grandes obras: 723 infracciones detectadas en 3.794 inspecciones, aunque en este caso se procedió a paralizar 149 obras frente a sólo siete que corrían a cargo de empresas pequeñas.

Estas infracciones provocan riesgos "importantes" para los trabajadores, como es "la propia organización del trabajo", asegura Rufino, quien entiende que eso puede propiciar "la contratación de personal no cualificado, como por ejemplo inmigrantes, que, en el caso de carecer de papeles, incluso reciben menos sueldo". "Esto también dificulta las acciones de formación y de información para los trabajadores, ya que muchos inmigrantes ni siquiera conocen el idioma y no las entienden", dice. "Sin embargo", subraya Rufino, "por el momento quien está haciendo este trabajo son los sindicatos y la Administración, pero no las empresas, que son las que deberían hacerlo. Y son, sobre todo, las pequeñas empresas las que no cumplen con estas obligaciones".

Rufino asegura que, a tenor de los datos de la Inspección de Trabajo, "se confirma que en estas pequeñas empresas es donde la siniestralidad es mayor, porque es donde, en proporción, menos se respeta la ley". Por ello, UGT "ha optado por llevar a los empresarios que no cumplan la ley a los tribunales, ya que parece que no hay otra manera para disuadirlos", agrega la misma dirigente sindical.

13,9 millones

El director general de Trabajo, en cambio, considera que "es falso" que las sanciones económicas no sirvan como medida de disuasión para los empresarios, y "tampoco es cierto" que la Administración no cobre las multas por las infracciones, como sostiene Rufino. "A día de hoy, la Comunidad ha impuesto sanciones por valor de 13,9 millones de euros, de los que ya ha ingresado 10 millones en concepto de multas por infracciones en las obras, frente a los seis millones de euros que fueron recaudados el año pasado", asegura Vallejo.

Sin embargo, a pesar de estas multas, la mayoría de las empresas ignoran las medidas de prevención de riesgos laborales obligatorias por ley, como recoge un informe publicado el 2 de enero de 2004 por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad.

Este documento recoge los resultados de 1.037 visitas conjuntas de representantes de sindicatos, patronal y Administración a otras tantas obras existentes en la región entre el 19 de agosto de 2002 y el 30 de diciembre de 2003: sólo ocho se valoraron como "bien" (lo que representa el 1% del total), y 401 (el 39%) presentaban condiciones "aceptables" de prevención de riesgos para los trabajadores. Sin embargo, el 60% de los tajos visitados (628 obras) tenían deficiencias tales como "redes deficientemente instaladas", "falta de barandillas o estado deficiente de las mismas", "andamios inadecuados", o "falta de protección inferior", ya que, según el informe, "sólo en raras ocasiones se colocan redes horizontales" para amortiguar las posibles caídas de los obreros desde los andamios.

Sin plan de seguridad

Este informe señala que el 38% de estas obras carecía de un plan de seguridad y salud para los trabajadores; un 37% no tenía instalaciones de higiene (lavabos); y a un 23% le faltaba equipos de protección individual para los obreros (cascos, gafas y guantes).

Vallejo admite que la inspección en el sector de la construcción "es prioritaria, ya que es donde más irregularidades se cometen". En este sentido, detallas cómo será el próximo plan de actuación de la Inspección de Trabajo para 2005: "De las 41 campañas previstas, seis estarán destinadas exclusivamente al sector de la construcción, a cargo de 21 inspectores, que se dedicarán únicamente a controlar las obras, mientras que los 11 inspectores restantes se centrarán en los demás sectores laborales".

Rufino considera que este número de funcionarios "es insuficiente" y exige "más personal y más medios para que puedan hacer cumplir la ley". Vallejo asegura que hay "un compromiso con el Ministerio de Trabajo para aumentar la plantilla en un 30% en los próximos años".

Un muerto cada 60 horas

Cada 60 horas muere una persona en la Comunidad de Madrid en su puesto de trabajo o de camino a él. Éste es el balance de los siniestros laborales hasta el pasado 30 de noviembre, fecha en la que habían muerto 141 personas desde el 1 de enero de 2004 (sin contar las víctimas de los atentados del 11-M, que los sindicatos cuantifican como muertes relacionadas con el trabajo), lo que supone 13 menos que en el mismo periodo de 2003, según datos de UGT.

La cifra total de accidentes laborales también ha descendido en este periodo: si en noviembre de 2003 se produjeron 135.850 accidentes en la región, un año más tarde la cifra de accidentes ha bajado a 122.510, un 9,82% menos.

Según el director general de Trabajo, Javier Vallejo, "esta cifra, aunque triste, está demostrando que la tendencia es positiva hacia la erradicación de los siniestros laborales".

Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT, no es tan optimista: "Durante el pasado noviembre hubo 15 víctimas mortales, cuatro más que en noviembre de 2003", dice. "La constante degradación de las condiciones laborales, los excesos de jornada y la subcontratación, nos ponen a la cabeza en siniestralidad laboral y en pérdida de vidas".

La causa es "la falta de medidas de prevención y la no aplicación de la ley", insiste Rufino. Así, por ejemplo, "la caída de altura es una de las primeras causas de muerte en el trabajo".

Este balance sólo abarca hasta el 30 de noviembre y no incluye a las últimas víctimas, como los tres trabajadores marroquíes que murieron sepultados el pasado 2 de diciembre en una zanja de Cobeña.

Un muerto cada 60 horas

Cada 60 horas muere una persona en la Comunidad de Madrid en su puesto de trabajo o de camino a él. Éste es el balance de los siniestros laborales hasta el pasado 30 de noviembre, fecha en la que habían muerto 141 personas desde el 1 de enero de 2004 (sin contar las víctimas de los atentados del 11-M, que los sindicatos cuantifican como muertes relacionadas con el trabajo), lo que supone 13 menos que en el mismo periodo de 2003, según datos de UGT.

La cifra total de accidentes laborales también ha descendido en este periodo: si en noviembre de 2003 se produjeron 135.850 accidentes en la región, un año más tarde la cifra de accidentes ha bajado a 122.510, un 9,82% menos.

Según el director general de Trabajo, Javier Vallejo, "esta cifra, aunque triste, está demostrando que la tendencia es positiva hacia la erradicación de los siniestros laborales".

Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT, no es tan optimista: "Durante el pasado noviembre hubo 15 víctimas mortales, cuatro más que en noviembre de 2003", dice. "La constante degradación de las condiciones laborales, los excesos de jornada y la subcontratación, nos ponen a la cabeza en siniestralidad laboral y en pérdida de vidas".

La causa es "la falta de medidas de prevención y la no aplicación de la ley", insiste Rufino. Así, por ejemplo, "la caída de altura es una de las primeras causas de muerte en el trabajo".

Este balance sólo abarca hasta el 30 de noviembre y no incluye a las últimas víctimas, como los tres trabajadores marroquíes que murieron sepultados el pasado 2 de diciembre en una zanja de Cobeña.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 19 de diciembre de 2004.

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