Las enmiendas no afectan al núcleo

Las siete sesiones empleadas por los miembros de la ponencia para discutir y transaccionar las enmiendas parciales presentadas por PNV, EA y EB han dado resultados exiguos. Populares y socialistas decidieron desde el principio no presentar enmiendas parciales.

Las 36 transacciones logradas entre los socios del Ejecutivo de Ibarretxe no afectan a los aspectos nucleares del plan. Algunas de ellas son las siguientes:

En el artículo 13, referido al "ejercicio democrático del derecho de autodeterminación", se ha acordado que, para cambiar el régimen de relación con el Estado, será necesaria una "mayoría absoluta de los votos declarados válidos".

El proyecto inicial incluía entre los principios de relación política con el Estado (artículo 14) la imposibilidad de que éste último aplicase unilateralmente la previsión de suspensión de la autonomía recogida en el 155 de la Constitución. La nueva redacción es menos específica y sólo apunta la renuncia al "establecimiento o al ejercicio legal unilateral de medidas coercitivas de cumplimiento obligatorio por la otra parte".

En el artículo 23, sobre el Poder Ejecutivo, se ha introducido que "la aprobación del derecho de gracia respecto de los ciudadanos y ciudadanas vascas corresponderá al Gobierno vasco". El texto pactado retira al Estado algunas más de sus actuales competencias. Por ejemplo, si antes correspondía a la Administración central "la legislación penal, penitenciaria y procesal", la nueva versión excluye la política penitenciaria (artículo 45).

En materia de seguridad (artículo 52), la Comunidad de Euskadi ejercerá "con carácter exclusivo las políticas públicas de seguridad" y tendrá "todas las potestades legislativas y de ejecución en funciones gubernativas y de seguridad, régimen de la propia policía o Ertzaintza, protección civil, salvamento marítimo y tráfico y circulación de vehículos de motor". La Ertzaintza, además, "será a todos los efectos la Policía Judicial en el ámbito de la Comunidad de Euskadi" (artículo 30).

Respecto al estatuto de los parlamentarios (artículo 20 bis) se desciende al detalle y se indica que "gozarán de inviolabilidad, aun después de haber cesado su mandato". Y se apunta, tras las lecciones del caso Atutxa, que la Cámara aprobará el "régimen atinente para la inculpación, procesamiento, prisión y juicio de los parlamentarios".

Otro añadido al texto original establece que Euskadi tendrá "todas las potestades legislativas y de ejecución" en la política de inmigración (artículo 40). El PNV retiró finalmente su apoyo a una propuesta de EB en la que se suprimía el nombramiento del lehendakari por el Rey.