La nueva reglamentación de quiebras reduce el número de solicitudes

La ley concursal ha arrancado a un ritmo más lento del esperado. Durante los tres primeros meses, desde su entrada en vigor el pasado 1 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado sólo ha publicado 55 de estos procedimientos, que sustituyen a las antiguas quiebras y suspensiones de pagos de las sociedades, según el análisis que ha realizado la Unidad Concursal de PricewaterhouseCoopers.

Aunque el número de empresas con problemas que han llevado su caso al juzgado supera esta cifra, pues los jueces tienen 30 días para pedir su publicación en el Boletín Oficial y ésta suele demorarse, se quedan muy lejos de las producidas en los últimos meses con la anterior normativa: entre julio y agosto se instaron 216 quiebras y 81 suspensiones, según la estadística del Instituto Nacional de Estadística.

El desfase entre el último periodo anterior a la ley concursal y sus primeros pasos es lógico. En primer lugar, por el desconocimiento que aún tienen las empresas sobre la nueva legislación, pero también por que algunas compañías se apresuraron a declarar su insolvencia antes de que entrara en vigor la nueva ley para evitar algunas de sus consecuencias. Por ejemplo, en relación al orden que se establece entre los acreedores a la hora de cobrar: ahora aquellos que tienen un vínculo especial con el deudor -por ejemplo, un banco que le ha concedido un crédito y a la vez es accionista significativo de la sociedad- se ponen al final de la cola. Esto aceleró la declaración de algunas insolvencias anunciadas antes del 1 de septiembre, explica Enrique Bujidos, responsable de la unidad especializada de PricewaterhouseCoopers.

"El número de casos ha sido mucho menor del esperado", resume Bujidos. Más si se tiene en cuenta que el texto concursal impone un plazo máximo de dos meses desde que se constata la insolvencia para iniciar el concurso. A pesar de todo ello, el texto está cogiendo carrerilla. En noviembre fueron 33 casos publicados, frente a los 20 de octubre y los 2 de septiembre, siempre según la misma estadística. La gran mayoría de ellos (53) se iniciaron a petición de las empresas (concurso voluntario) y sólo dos lo fueron por sus acreedores (necesario).

El análisis de la auditora evidencia también la necesidad de extender los juzgados mercantiles, creados por la ley concursal y que ocupan jueces especializados. El 20% de los casos se han producido en provincias donde no existen estos órganos. El Gobierno ha creado 37 juzgados mercantiles.