El Ayuntamiento de Marbella tardó más de dos meses en notificar la paralización de unas obras

El Ayuntamiento de Marbella ha tardado dos meses y medio en notificar a la promotora de unas obras un decreto de alcaldía que ordenaba la paralización de las mismas por incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este tiempo se han construido dos de los nueve locales proyectados junto al complejo comercial La Cañada. La Consejería de Obras Públicas, que ha recurrido las licencias en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado a la Fiscalía, que ya abrió diligencias por posible delito urbanístico, por si pudiera existir también un presunto delito de desobediencia.

El 30 de septiembre, la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, dictó un decreto de paralización de las obras de nueve locales comerciales en el paraje La Trinidad, junto al centro comercial La Cañada, a requerimiento de la Consejería de Obras Públicas, tras constatar que las licencias, otorgadas por decreto del anterior alcalde, Julián Muñoz, no eran conformes al ordenamiento vigente. En ese momento ya se habían realizado obras de movimiento de tierras e inicio de las naves, según había constatado la Policía Urbanística en tres inspecciones realizadas entre mayo y agosto. Sin embargo, el decreto de paralización no tuvo ningún efecto porque el Ayuntamiento no llegó a notificarlo a la promotora, Europea de Complejos Comerciales, SL. La notificación no se realizó hasta el pasado 14 de diciembre, una vez que la Policía Urbanística giró nuevas inspecciones en las que comprobó que las obras continuaban a ritmo acelerado, lo que puso en conocimiento de la Fiscalía el día 13 de diciembre.

Lo curioso del caso es que en su día el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella anunció que había paralizado y "precintado" las obras y comunicó que por primera vez actuaba de oficio para anular licencias otorgadas por el anterior gobierno municipal en su afán de contribuir a la restitución de la legalidad urbanística en la ciudad. El 23 de septiembre, la junta de gobierno local aprobó iniciar el expediente de revocación de las nueve licencias, y el mismo día que firmó el decreto de paralización, Yagüe se comprometió con el delegado de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, a revisar una serie de licencias que la Junta tenía recurridas y a paralizar, en su caso, las obras comenzadas.

Dejación municipal

Al cabo de dos meses y medio, la realidad es bien distinta. Según Ruiz Povedano, este caso evidencia la "dejación de responsabilidades" del actual equipo de Gobierno, y su intención de "engañar a la consejería, como otras tantas veces, practicando la política de los hechos consumados" . Entiende también que este caso evidencia que, en contra de lo que sostiene la alcaldesa, su gobierno no se ha desmarcado de sus antecesores. "En este caso, tanto la Junta como la Fiscalía hemos intervenido y hecho todo lo que estaba en nuestra mano para impedir una ilegalidad urbanística, y creíamos que también lo hacía el Ayuntamiento, pero ahora hemos visto que no, y que incluso incumple sus propias resoluciones".

Las nueve licencias para la construcción de las nueve naves -que suman 60.419 metros cuadrados y suponen 1.645 plazas de aparcamiento- fueron concedidas por decreto por Julián Muñoz el 17 de diciembre de 2002. Se otorgaron sin redactar ningún plan especial ni otra figura de planeamiento que exige la ley para el desarrollo de los suelos no programados. Un redactor gráfico de EL PAÍS comprobó el viernes día 17, tres días después de que el Ayuntamiento notificara la orden de paralización, que las obras continuaban con normalidad en el exterior de los locales.