Alicante registró 50 asesinatos en un año, la mitad por ajustes de cuentas

El Gobierno ha puesto en marcha un plan para combatir el crimen organizado y ha considerado Alicante, junto a Málaga y Baleares, como prioridad de sus medidas. De momento ha anunciado una Comisaría de Policía en Torrevieja y ha nombrado a Felipe Briones fiscal exclusivo contra las mafias. "Son como las patas de un pulpo; cortas una, pero la banda se reorganiza de inmediato". Así define Vicente Herrador, delegado de la Unión Federal de Polícía, el tipo de organización asentada en Alicante. Estas tramas, en muchos casos integradas por ex militares de países del Este, operan preferentemente en las comarcas de La Marina Alta y La Marina Baixa (unas 60 redes) y de La Vega Baja (90) y la prostitución es el denominador común de la mayor parte de ellas.

Los sindicatos policiales advierten de la escasez de recursos contra las mafias

La media de miembros por organización oscila entre los cinco y siete efectivos

Las comarcas costeras del sur y del norte de la provincia de Alicante se han convertido en los últimos años en un santuario del crimen organizado, con 150 organizaciones censadas por la Guardia Civil en las zonas de su jurisdicción. El laberíntico entramado urbano y el turismo de masas confieren un alto grado de anonimato a las mafias que se garantizan así perpetrar sus actos delictivos con gran impunidad.

Los cuerpos de seguridad del Estado, con escasos medios materiales y humanos, apenas pueden desafiar a la extraordinaria sofisticación del armamento, la automoción y los sistemas de comunicación de estas bandas, muchas de ellas integradas por ex miembros de ejércitos de los países del Este. Además, se suma la inexistencia de personal dedicado en exclusiva a combatir las mafias en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil, según denuncian sindicatos de ambos cuerpos.

Según fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), alrededor de 300 organizaciones de tintes mafiosos han instalado su centro de operaciones en la Comunidad Valenciana. De ellas, la mitad se concentra en la provincia de Alicante. La media de miembros por banda oscila entre los cinco y siete efectivos. El sindicato de la Unión Federal de Policía (UFP) del Cuerpo Nacional de Policía matiza que estas organizaciones no son propiamente mafias sino "ramificaciones" de aquéllas cuyas matrices se radican en sus países de origen. "Son como las patas de un pulpo; cortas una, pero la banda se reorganiza de inmediato", dice Vicente Herrador, delegado de la UFP en Alicante. Estas tramas se asientan preferentemente en las comarcas de La Marina Alta y La Marina Baixa (con unas 60 redes) y de La Vega Baja (90).

El 6 de febrero de este año, un conocido constructor de 41 años murió a balazos cuando se dirigía a pie a su domicilio en Torrevieja. Cuatro meses después, otro potentado constructor, en este caso en la zona costera de Orihuela, recibió tres puñaladas que le ocasionaron la muerte. En ambos casos, la investigación apuntó como móvil el ajuste de cuentas y dirigió sus pesquisas hacia las mafias rusas.

Muchas de estas redes emplean el negocio inmobiliario como tapadera para el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas y de la prostitución. Precisamente, es el elevado índice de muertes violentas registradas en la provincia de Alicante el dato que corrobora la presencia activa de las redes criminales, según la AUGC. En 2003, la Guardia Civil contabilizó un total de 50 asesinatos en los municipios bajo su competencia, la mitad aproximadamente atribuibles a ajustes de cuentas entre bandas organizadas.

La AUGC de la Guardia Civil y la UFP de la Policía Nacional alertan de que sin la creación de grupos de agentes dedicados en exclusiva a combatir estas redes mafiosas es "imposible" siquiera ejercerles una tímida presión. El bajo índice de delitos resueltos atestigua la reducida eficacia de los agentes que, según los sindicatos, se ven "desbordados" ante la elevada incidencia de la criminalidad.

Así, en 2003, la Guardia Civil resolvió apenas un 24% de los 63.554 delitos cometidos en territorios bajo su jurisdicción. Por el contrario, el número de agentes adscritos a la resolución de los delitos apenas asciende a 108 agentes, según señala Manolo Martínez. "Deseamos que el recién nombrado fiscal anticorrupción, Felipe Briones, reclame los medios humanos y materiales necesarios", agregó. Porque, según apostilló el sindicalista de UFP, "con la infraestructura actual estamos vendidos".

El actual Gobierno socialista culpa directamente al Partido Popular de la escalada del crimen organizado en la provincia de Alicante. El parlamentario socialista Carlos González, en la proposión de ley por la que se plantea la creación de la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Torrevieja denuncia la "negativa del PP durante los últimos ocho años" a crear esta infraestructura, que justifica por el "enorme crecimiento demográfico experimentado en Torrevieja y el descomunal incremento de delitos bajo el mandato del PP".

Según los datos incluidos en la propuesta de González, los 27 municipios de La Vega Baja ocupan 973,2 kilómetros cuadrados y en ellos residen oficialmente, de acuerdo con el censo de 2002, 267.239 habitantes, cifra actualmente "muy desfasada".

En 2002, el censo estableció en Torrevieja, con una extensión de 61,4 kilómetros cuadrados, una población de 72.126 habitantes, si bien los datos del Ayuntamiento la sitúan en 94.208 residentes, frente a los 15.970 que estaban censados en 1980. En cuanto a delitos en La Vega Baja, tanto consumados como en grado de tentativa, pasaron de 3.536 en 1997 a 9.856 en 2003. No obstante, González admite que en los últimos meses ha comenzado a producirse una reducción.

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, considera que "no es suficiente" la dotación de una comisaría en Torrevieja para garantizar la seguridad ciudadana, por lo que ha pedido al Gobierno la realización de un plan integral de seguridad para La Vega Baja. Para el dirigente socialista, durante los ochos años de Gobierno del PP se produjo "una pérdida evidente" en materia de seguridad que ahora hay que recomponer.