Castillejo lleva hoy a la asamblea un acuerdo sobre incentivos a los directivos de Cajasur
La caja establece que los ejecutivos podrán repartirse como máximo el 1% de los beneficios
La Asamblea General de Cajasur aprobará hoy un acuerdo por el que se establece que los principales directivos de la entidad percibirán, en concepto de incentivos, hasta el 1% del beneficio bruto del grupo Cajasur. Este beneficio ascendió en 2003 a 80 millones de euros (el 1% serían 800.000 euros). La medida, que ya fue aprobada por el Consejo de Administración, afecta a 39 directivos de la caja. Fuentes de Cajasur señalaron que se trata de una medida para dar "transparencia" a la retribución variable de los directivos. Añadieron que ese 1% es el máximo que los ejecutivos podrán cobrar como incentivos.
Este acuerdo se aprobará en una asamblea que estará marcada por el pacto firmado entre la Junta y la Iglesia para que Cajasur retorne a la tutela de la Administración autonómica. El Consejo de Administración de la caja se reunirá tras la asamblea para aprobar la decisión de renunciar a la tutela del Ministerio de Economía y situarse de nuevo bajo el control de la Junta.
Un punto del orden del día de la asamblea referente a la política de retribuciones de los directivos de la caja ha suscitado recelos en el PSOE. Este punto lleva un acuerdo, aprobado por el Consejo de Administración el 2 de diciembre, sobre la retribución variable o incentivos de los principales ejecutivos de la caja (39 personas, incluidos el presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, y el director general Francisco Jurado). El acuerdo supone que los incentivos que se dividirán los directivos equivaldrán al 1% del beneficio bruto del grupo Cajasur.
Fuentes de la caja señalaron que se trata de dar claridad a los incentivos de los ejecutivos estableciendo un criterio fijo. Estas fuentes aseguraron que el Banco de España está demandando a bancos y cajas que fijen "criterios claros" sobre los incentivos y que ése es el motivo de establecer la retribución variable de sus directivos en un "máximo" del 1% de los beneficios brutos del grupo Cajasur. "Este año lo que se pone es un límite a lo que se puede cobrar", dijeron.
Este punto del orden del día lleva segundo un acuerdo sobre un reglamento de retribuciones de los ejecutivos de la caja. Este acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración el pasado 14 de mayo.
"Totalmente inoportuno"
Fuentes del PSOE destacaron ayer que llevar la política de retribuciones de los directivos a la asamblea de hoy, en la que se va a conocer el acuerdo entre la Junta y la Iglesia sobre Cajasur, es "totalmente inoportuno". Estas mismas fuentes indicaron que este segundo punto, el reglamento de retribuciones de los directivos, fue aprobado por el Consejo de Administración por unanimidad, es decir, con el voto favorable de Izquierda Unida y el Partido Popular. Los socialistas renunciaron a participar en los órganos principales de la caja tras la decisión de Castillejo de acogerse a la Ley Financiera auspiciada por el PP y que permitió a Cajasur huir del control autonómico y situarse bajo el paraguas del Ministerio de Economía.
Fuentes de Cajasur explicaron que el reglamento de retribuciones afecta a los contratos y los salarios de los ejecutivos de la entidad que trabajan en régimen de "exclusividad", pero que quedan al margen de este punto el presidente de la caja y el director general. Añadieron que esta medida es sólo para una parte de los ejecutivos y que no se prevén indemnizaciones especiales en caso de despido.
Estas fuentes sí señalaron que este reglamento establece un apartado para los casos de directivos que sean relevados de sus cargos para que puedan seguir percibiendo hasta el 85% del sueldo fijo que tenían con anterioridad.
También dijeron que el motivo por el que la política de retribuciones se lleva a la Asamblea General, por primera vez, obedece a una exigencia del Banco de España.
Después de la Asamblea General, que empezará al mediodía, el Consejo de Administración de Cajasur celebrará una reunión extraordinaria en la que se decidirá si la caja solicita de manera oficial la adscripción a la Consejería de Economía, para quedar bajo la tutela de la Junta de Andalucía a partir del próximo 1 de enero de 2005.
Así, la entidad financiera se ajustará a los acuerdos alcanzados entre el consejero de Economía de la Junta, José Antonio Griñán, y el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, para el retorno de la caja a la tutela autonómica después de haber dependido del Gobierno central durante dos años.
Griñán irá al Parlamento
El consejero de Economía, José Antonio Griñán, ha solicitado su comparecencia ante la comisión parlamentaria de Economía para informar del acuerdo firmado entre la Junta y la Iglesia para que Cajasur vuelva a estar bajo tutela de la Administración autonómica, tras estar dos años bajo control del Ministerio de Economía.
Según fuentes de la Consejería de Economía, la comunicación en la que se solicita la comparecencia, a petición propia, fue presentada el jueves en el registro del Parlamento de Andalucía.
El consejero de Economía afirmó el pasado martes que el acuerdo supone "la normalización" de las relaciones entre la Junta y Cajasur y destacó que, por primera vez desde que se aprobó la ley de Cajas, en 1999, a la entidad cordobesa se le va a aplicar la normativa autonómica en su integridad, una vez reformada.
El acuerdo prevé que la Iglesia, como entidad fundadora, tenga un 34% de representantes en la Asamblea General y un 30% en el Consejo de Administración de Cajasur. Este acuerdo supone dar a la Iglesia un peso muy superior al previsto en la Ley de Cajas autonómicas, que establece que los fundadores contarán con un 13% en los órganos de gobierno de las entidades financieras, un porcentaje que debía compartir con la Diputación de Córdoba, que es cofundadora de Cajasur.
Además, el acuerdo permite a los representantes de la Iglesia, a través del Cabildo catedralicio, estar en los órganos de gobierno hasta los 75 años en la fase transitoria, en vez de los 70 que fija la ley autonómica.
El portavoz de Los Verdes de Andalucía, Francisco Garrido, diputado en el Congreso adscrito al grupo socialista, arremetió ayer contra el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y Cajasur. Garrido aseguró que este pacto es "inconstitucional" y "supone consagrar los privilegios de la Iglesia y dar marcha atrás en la lucha emprendida contra el caciquismo eclesiástico".
Garrido añadió que este acuerdo permitirá que "la Iglesia siga gozando de favores derivados de una situación preconstitucional".
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