Reforma universitaria

El Gobierno ha hecho pública su propuesta para el cambio de la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU), una norma promovida por el PP que en 2001 provocó una de las mayores manifestaciones desde la transición. Los rectores criticaron entonces esta ley porque consideraban que no respetaba ni la autonomía de las universidades ni la de las comunidades autónomas. La intención manifestada ahora por el Ejecutivo de transferir buena parte de la soberanía a las universidades (por ejemplo, para poder escoger el sistema de elección de los rectores) y de redactar una ley flexible que deje espacio a las comunidades autónomas para adaptar sus aulas a la gran variedad de situaciones académicas va por el buen camino.

A la velocidad a la que se están produciendo los avances científicos y tecnológicos y los cambios sociales, la Universidad precisará en el futuro de actualizaciones constantes de los contenidos de las carreras y de las destrezas que se deban enseñar a los alumnos. Algunas, como las enfocadas a la docencia, precisan urgentemente de una actualización, para lo que resulta imprescindible aprovechar el nuevo marco de titulaciones que se deben configurar antes de 2010 de cara al espacio europeo de educación superior. La sustitución de la fórmula de acceso que establecía la LOU (una reválida más la posibilidad de realizar pruebas por facultades) por una prueba general única (similar a la selectividad), así como el cambio del sistema de selección de los profesores para establecer una acreditación de méritos en lugar de un examen nacional de habilitación, va también en la dirección de atender a las necesidades de todos los colectivos con la mayor racionalidad posible.

Sin embargo, la falta de concreción de algunas medidas, como la composición de los tribunales que finalmente otorgarán las plazas de titulares o catedráticos, y la incógnita sobre si el Gobierno piensa garantizar un marco de financiación estable, como han pedido los rectores, impiden saber aún el alcance real de esta reforma en la modernización de las carreras y del tipo de enseñanza que se imparte en ellas.

El impulso de la participación de los alumnos con la introducción en la ley de un estatuto del estudiante puede también resultar beneficioso para implicar más a los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje que deberá necesariamente modernizarse. Pero lo que sobre todo haría realidad ese cambio sería alcanzar el consenso con las comunidades autónomas para poner en marcha y financiar estos cambios.