Los ayuntamientos podrán suprimir trámites para impulsar la construcción de pisos protegidos

El Parlament aprobó ayer una de las herramientas legales para que puedan construirse más viviendas protegidas: la modificación de la Ley de Urbanismo, que permitirá a los ayuntamientos agilizar la creación de suelo para construir viviendas. A partir de ahora, todos los municipios de más de 10.000 habitantes, los que sean capital de comarca y los que lo soliciten podrán reservar suelo para pisos protegidos sin haber aprobado antes planes de ordenación o actuación urbanística. Bastará con que los planes los apruebe la comisión de urbanismo municipal.

Para destacar el impulso que supondrá este cambio, el secretario general de Planificación Territorial, Oriol Nel-lo, dijo ayer que desde que se aprobó la Ley de Urbanismo, hace dos años, sólo se han hecho dos planes de actuación urbanística municipal y, en cambio, han pasado por las comisiones de urbanismo 400 planes de esta naturaleza.

42.000 viviendas

El Gobierno catalán tiene por delante tres años para lograr que se edifiquen más pisos protegidos. Ya se ha comprometido a impulsar la construcción de 42.000 viviendas protegidas al acabar la legislatura, al final de 2007. Con este objetivo, también se decidió ayer que se podrá hacer una reserva de hasta el 10% del total de la edificación para impulsar las llamadas "viviendas concertadas", una nueva modalidad que estará a medio camino, en cuanto a precios, de las protegidas y las libres. Esta reserva para construir pisos "a precio asequible" afecta a los ayuntamientos que son capitales de comarca y a los de más de 10.000 habitantes. Esta reserva de suelo se une a la que ya prevé la Ley de Urbanismo para dedicar a protección oficial el 20% del techo de estas promociones.

Otro de los cambios introducidos en la ley tiene carácter ecológico. Se exigirá un informe de impacto ambiental cuando se reclasifique suelo no urbanizable. "Lo que se pretende", dijo Nel.lo, "es clarificar el tratamiento del suelo no urbanizable señalando cuál no lo será y explicando el procedimiento para que lo sea".

El consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, defendió ayer en el Parlament los cambios introducidos en la ley. Las modificaciones se aprobaron con un amplio respaldo parlamentario. Los tres grupos que apoyan al Gobierno tripartito que preside Pasqual Maragall -PSC, ERC e ICV-EUiA- votaron a favor. El PP se abstuvo y CiU apoyó la ley, excepto dos artículos, tras retirar su enmienda a la totalidad. "Se ha logrado un amplio acuerdo tanto parlamentario como con las entidades consultadas y con los ayuntamientos y las asociaciones de empresarios constructores", subrayó el secretario general de Planificación.