El PP dice ahora que el pacto del impulso democrático contiene "barbaridades"

Los firmantes del acuerdo sobre impulso democrático (PSOE, IU y PA) y el Gobierno intentan convencer contrarreloj al PP para que se sume al acuerdo y, en caso contrario, permita en el pleno del Parlamento de hoy la tramitación de las leyes de Incompatibilidades, Electoral, Publicidad Institucional y estatutos de los ex presidentes de la Junta para que entren en vigor el 1 de enero. Nada de esto parece posible. El portavoz del PP, Antonio Sanz, que aducía para no firmarlo que era "insuficiente", dice ahora que hay cuestiones que "representan auténticas barbaridades".

Sanz dio ayer una versión hasta ahora inédita para justificar la oposición de su grupo a la firma del acuerdo. Después de tres meses de negociación decía que había "avances importantes, pero insuficientes" o que quedaban "flecos por cerrar".

Pero el portavoz popular, que rehusó hablar con este periódico remitiendo a unas declaraciones a Europa Press, pidió ayer a los grupos que retiren el pacto alegando lo siguiente: "Hay temas que son asumibles y así hemos trasladado nuestra opini+ón", pero hay cuestiones "que representan auténticas barbaridades que deberían retirarse del acuerdo", para "no cometer errores irreversibles que nada tienen que ver con el impulso democrático y de dilucidación de la actividad pública".

Un portavoz del PP indicó que las "barbaridades" a las que alude Sanz son: que las indemnizaciones a los altos cargos alcancen hasta los directores generales; el estatuto de los ex presidentes de la Junta (del que el presidente del PP, Javier Arenas, negó que hubiera algún escollo); la ley de Publicidad Institucional (rehecha casi entera a propuesta del PP); y la de la RTVA, que lleva una tramitación ordinaria a la que los grupos van a presentar enmiendas. En una reunión celebrada el martes entre el PP y PSOE sobre el impulso democrático, el PP añadió temas ajenos a la negociación como que les garantizara el control sobre la Diputación de Almería y un acuerdo "firmado" sobre el director de la RTVA y el jefe de informativos.

Los firmantes intentaron ayer que el PP se sume al acuerdo o, en su defecto, permita tramitar hoy un bloque de cuatro leyes sobre impulso democrático reseñadas anteriormente. El orden del día puede ser modificado si hay unanimidad de la Junta de Portavoces para incluir por lectura única proyectos o proposiciones de ley, una vía que implica la "imposibilidad de que pueda presentarse enmienda alguna" a los textos legales.

Este camino es el que abrieron los socialistas, que aún ayer mantenían una actitud prudente con el PP, bastante insólita, después del puntapié pegado por el PP a la negociación. "Tenemos un ataque de talante", comentó con los dientes apretados un dirigente.

Según el secretario de Organización del PSOE, Luis Pizarro, el "PP tiene margen para salvar su posición y votar en contra de lo que no está de acuerdo y a favor en lo que sí lo está. Sería una oportunidad para recomponer su imagen de que depende de la estrategia nacional de su partido".

La portavoz de IU, Concha Caballero, instó al PP a "incorporarse al acuerdo y ser coherente con los trabajos de la mesa de negociación", ya que, a su juicio, la "actitud de distinción" que mantienen los conservadores "no es real" por lo que deben asumir las "consecuencias" del trabajo que han desarrollado.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, atribuyó a la estrategia de tensión puesta en marcha por el PP nacional a que su organización andaluza no haya suscrito el documento. "Si eso es así, demostrarían que son unos comparsas", avanzó.

Los partidos que han suscrito el documento no harán valoraciones en firme hasta ver qué pasa hoy. Si se confirma el bloqueo -las leyes tendrían que tramitarse a partir de febrero por el trámite ordinario- romperán la cautela y cortesía que han mantenido en público con sus colegas populares. Fuentes de este partido se mostraron ayer muy reacias a permitir la aprobación parcial del acuerdo con la tramitación del paquete legislativo reseñado antes: "O todo o nada", dijeron. El PP también puede parar la aprobación a través de enmiendas in voce a la ley de Acompañamiento de los presupuestos de las indemnizaciones a altos cargos de la Junta y diputados cuando cesen, un derecho al que el PP, ni en público ni en la mesa de negociación, ha puesto nunca pegas. Éstos percibirán tres meses de asignación por legislatura (22 días por año trabajado), cuando el Estatuto de los Trabajadores establece 45 días por año trabajado.