El fracaso de la política tecnológica

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha anunciado que, en 2003, el gasto español en I+D alcanzó el 1,10% del PIB, con un crecimiento real superior al 10%. Esta cifra será el punto de partida para evaluar los resultados de las políticas del nuevo Gobierno. El dato más importante, con relación a las políticas de I+D+i, es que la tasa de crecimiento del sector empresarial fue, de nuevo, inferior a la del sector público, incluso cuando el presupuesto gubernamental en los años del PP ha tenido como objetivo principal la subvención a las empresas.

Con los Gobiernos del PP, el presupuesto corriente para I+D pasó de 1.150 millones de euros, en 1996, a 4.000 millones en 2003. Sin embargo, hay muchas sombras sobre los objetivos, las actuaciones y los instrumentos de las políticas tecnológicas y de innovación actuales.

Primero, la utilización de las políticas de I+D e innovación para financiar la compra de equipos militares. El PSOE criticó, desde la oposición, su utilización porque no eran política de I+D. Casi el 30% del presupuesto del Estado para I+D se destina a los programas militares, pero en las estadísticas del INE apenas llega al 5% la parte del gasto español de I+D que tiene como finalidad la defensa.

Segundo, el PP situó a la empresa en el centro de sus actuaciones de política de I+D, pero estas políticas no han sido muy efectivas. El CDTI, tradicional mecanismo para desarrollo tecnológico industrial, fue relegado y se consolidaron las actuaciones desde el ministerio, poco flexibles para gestionar una política hacia las empresas. El Programa de Fomento de la Investigación Técnica (Profit), que había nacido al margen del Plan Nacional de I+D+i (2000-2003), ha carecido de selectividad y de prioridades y no ha sido otra cosa que un mecanismo de ayudas públicas a las empresas (casi nunca para I+D), de apoyo a los sectores en crisis, etcétera; actuaciones loables pero alejadas de la política tecnológica. La Fundación Cotec, en el contexto de la preparación del Plan Nacional de I+D+i (2004-2007), organizó una evaluación empresarial de Profit que resultó demoledora; sin embargo, parece que Profit seguirá siendo una actuación estrella del Ministerio de Industria.

Por último, hay indicios de que el efecto de estas ayudas en la inversión privada es marginal y pocas veces producen adicionalidad. El fracaso de los principales instrumentos de la actual política (los créditos reembolsables a tipo de interés cero y las desgravaciones fiscales al gasto en I+D e innovación) es un hecho. El capítulo 8 de los presupuestos (los anticipos reembolsables) representó, el año pasado, más de 2.000 millones de euros de aportaciones del Estado a las empresas; sin embargo, según el INE, el total del gasto de las empresas españolas en I+D fue de unos 4.400 millones de euros. El apalancamiento del gasto público sobre la inversión privada en I+D es marginal. Además, los incentivos fiscales "más generosos de Europa" siguen sin funcionar.

El diagnóstico de partida, que las empresas españolas no investigan suficientemente e innovan poco, es aún correcto, pero las actuaciones desarrolladas por los gobiernos anteriores, y sus instrumentos, deberían abandonarse a la vista de su fracaso, no solamente en los resultados tecnológicos y de competitividad de las empresas, sino también en el aumento de la inversión privada en I+D. Mientras tanto, alguna de las actuaciones que han tenido efectos muy positivos en la creación de capacidades de I+D e innovación en la empresa, como el apoyo a la contratación de doctores y tecnólogos (Acción IDE, Programa Torres Quevedo, etcétera), siguen siendo marginales para la política tecnológica y de innovación. En estas políticas, el Gobierno no debería olvidar el papel de palanca que el sector público investigador puede jugar en la transferencia de tecnología y en la colaboración con las empresas en la I+D.

Luis Sanz Menéndez es director de la Unidad de Políticas Comparadas del CSIC y autor del libro Estado, ciencia y tecnología en España (1939-1997) (Alianza Universidad).